- Pide Salinas Pliego el impedimento del pleno de la nueva Suprema Corte para que juzgue sus casos por más de 34 mil mdp; los ministros desecharon su pretensión y lo multan.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras en redes sociales se presenta como un empresario patriota, víctima de un gobierno que “lo persigue por pensar diferente”, en los tribunales Ricardo Salinas Pliego libra una batalla muy distinta: una lucha jurídica sin descanso para aplazar, evitar o reconfigurar el pago de más de 34 mil millones de pesos que debe su empresa, Grupo Elektra, al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En un movimiento inédito, Elektra intentó lo que ni los más experimentados litigantes habían osado: recusar a los nueve ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se abstuvieran de resolver dos litigios cruciales sobre créditos fiscales. El objetivo era evidente: paralizar el proceso, detener el reloj y mantener fuera del alcance del Estado los más de 34 mil 373 millones de pesos que el SAT reclama, correspondientes a impuestos, recargos, multas y actualizaciones acumuladas desde 2008 y 2013.
La Corte respondió con contundencia. El presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, desechó de inmediato los recursos de impedimento promovidos por Elektra, imponiendo multas a la empresa por tratar de entorpecer los procesos judiciales. Aunque los motivos específicos de la recusación no fueron públicos, la SCJN consideró que los intentos carecían de sustento legal y buscaban únicamente dilatar la resolución de fondo.
Este revés judicial contrasta con la narrativa que el propio Salinas Pliego ha sostenido en entrevistas y publicaciones en redes sociales, donde se presenta como un empresario perseguido políticamente por el gobierno federal. Asegura que su intención siempre ha sido pagar sus contribuciones, aunque “de forma justa” y “sin abusos del poder”, como él mismo ha declarado.
Sin embargo, los hechos procesales contradicen ese discurso. En lugar de avanzar hacia una resolución expedita, Elektra ha promovido múltiples recursos legales —amparos, apelaciones, solicitudes de recusación— para aplazar las sentencias definitivas. Este comportamiento no sólo prolonga el conflicto con el fisco, sino que refuerza la percepción de que el discurso patriótico del empresario choca con una práctica jurídica evasiva.
Los litigios en cuestión no son menores. Uno de ellos corresponde a un crédito fiscal de más de 33 mil 306 millones de pesos por ejercicios de 2013, mientras que el segundo es por 1 mil 431 millones de pesos, derivado de impuestos no pagados en 2008. Ambos forman parte de un largo historial de disputas entre Elektra y el SAT, en las que la empresa ha utilizado todos los recursos legales disponibles para frenar o revertir las determinaciones de la autoridad tributaria.
No es la primera vez que Salinas Pliego recurre a esta estrategia. En la anterior integración de la SCJN, Elektra ya había solicitado recusaciones individuales contra siete ministros, aunque sin éxito. La diferencia ahora es la escala: al buscar impedir la participación de todo el Pleno, la empresa pretendía literalmente detener la capacidad de la Corte para juzgar.
El episodio también revela una preocupante asimetría: mientras millones de contribuyentes comunes enfrentan severas consecuencias por retrasos mínimos en sus obligaciones fiscales, algunas grandes empresas pueden permitirse años de litigios y tácticas dilatorias. Todo amparado en el discurso de la legalidad, pero con efectos claramente evasivos.
El Artículo 250 de la Ley de Amparo establece que, cuando un tribunal considera que un recurso de recusación busca entorpecer un proceso, puede imponer multas de hasta 690 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Aunque la SCJN no precisó el monto, dejó claro que no tolerará estrategias encaminadas a minar su función jurisdiccional.
