José Reýez
Un documento oficial con sello del 20 de noviembre de 2020, elaborado por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia del Sureste. dirigido a la superioridad, despliega un mapa aterrador y minucioso de la situación de seguridad en el sureste de México.
Con datos clave (9 cárteles, 24 millones de afectados), desarrollado por estados mantiene el hilo de la fragmentación criminal, y un cierre que destaque el caso Kalimba como símbolo del desafío.
El informe, titulado “Situación de organizaciones delictivas”, no es una conjetura periodística, sino una radiografía interna que detalla la penetración, los conflictos y la operación de al menos nueve grupos delictivos en siete estados: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
La región, descrita como la única zona fronteriza del sur del país, con una población de más de 24 millones de habitantes, es presentada como un polvorín geográfico. Su colindancia con el Golfo de México, el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las fronteras con Belice y Guatemala la convierten en un corredor estratégico no sólo para el comercio lícito, sino —y sobre todo— para el tráfico de drogas, hidrocarburos y personas.
El documento subraya que las profundas diferencias sociales, particularmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, crean un caldo de cultivo para la violencia, mientras que los migrantes centroamericanos que transitan por la zona se convierten en víctimas recurrentes de secuestro, extorsión y homicidio.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, citadas en el informe, dan dimensión a la crisis: de enero a septiembre de 2020, se registraron 2,833 homicidios dolosos, 141 feminicidios, 168 secuestros, 958 extorsiones y un alarmante robo de 12,463 vehículos en la región.
El Mosaico Criminal: Una Disputa Sangrienta por las Plazas
El informe desglosa estado por estado el modus operandi y los grupos presentes, revelando un patrón repetitivo: un “clima de inseguridad” generado por la confrontación entre cárteles por el control de “plazas” para el narcomenudeo, las rutas de tráfico de drogas y, en estados como Tabasco y Veracruz, la extracción ilícita de hidrocarburo.
Campeche, Chiapas y Oaxaca son escenario de la lucha entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), facciones de Los Zetas y la Mara Salvatrucha-13. Municipios como Ciudad del Carmen, Palenque y Huatulco son nodos críticos de esta guerra silenciosa.
Quintana Roo, el corazón turístico del Caribe mexicano, aparece infestado por la presencia del CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Los Zetas, disputándose los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).
Tabasco y Veracruz son el epicentro de una lucha más compleja, donde el crimen se diversifica. Además del narcotráfico, el robo de hidrocarburo de Pemex es un negocio millonario.
En Veracruz, la presencia criminal se extiende de norte a sur, con una lista interminable de células, incluyendo el CJNG, el Cártel del Golfo y al menos cuatro facciones escindidas de Los Zetas (Vieja Escuela, Grupo Sombra, Grupo Pantera y los 35-Z), lo que evidencia una fragmentación violenta y una lucha interna feroz.
Yucatán representa la anomalía. El documento lo señala como uno de los estados con menor índice de inseguridad, pero no por la ausencia del crimen organizado, sino por su función para ellos: es un “lugar de descanso y lavado de dinero”. Mérida, Progreso y Valladolid son las bases de operaciones discretas donde, se sugiere, existen “supuestos vínculos entre autoridades”.
La parte más reveladora del informe se centra en un “objetivo particular generador de violencia”: Andrés Rodríguez Vasconcelos, alias “El Kalimba”, líder de la célula “Los Carpinteros” de Los Zetas en Tabasco. Se le señala como responsable de secuestros, ejecuciones, extorsiones, robo de hidrocarburo y tráfico de migrantes.
El documento detalla la coordinación con la 30/a. Zona Militar en Villahermosa, que en junio de 2020 implementó el operativo “Jaguar 2” con el fin exclusivo de capturar a “El Kalimba”, sin éxito.
Además, se describe un sofisticado “seguimiento técnico” a cargo de analistas de la Sedena, Semar y el CNI, que incluía órdenes judiciales para intervenir seis líneas telefónicas.
Sin embargo, el informe admite limitaciones críticas: de las seis líneas, dos tenían “desborde técnico” (posiblemente tecnología de evasión) y cuatro estaban inactivas o sin desborde, a la espera de su “desistimiento”.
La conclusión del informe es tan clara como desoladora. La violencia en el Sureste no es esporádica; es estructural, determinada por la geografía y la presencia hegemónica de los cárteles más poderosos del país.
La figura de “El Kalimba” se erige como un símbolo del desafío: un objetivo prioritario, con operativos militares dedicados y seguimiento de inteligencia, que hasta la fecha de este informe continuaba en libertad.
Este documento, más que un mero informe, es un testimonio oficial de la compleja y arraigada red criminal que sofoca al sureste mexicano.
Muestra una guerra que se libra en múltiples frentes, con un enemigo fragmentado pero no debilitado, y deja al descubierto la brecha entre la identificación de los problemas y la capacidad para resolverlos.
La sombra de los cárteles es larga, y según este diagnóstico, se extiende desde las ruinas de Palenque hasta las playas de Cancún, y desde los campos petroleros de Tabasco hasta los pacíficos centros de lavado en Yucatán.
