- Agricultores, representantes de diversos sectores productivos y abogados advirtieron que la reforma en materia de aguas, genera incertidumbre.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Agricultores, representantes de diversos sectores productivos y abogados advirtieron que la reforma en materia de aguas, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, genera incertidumbre y prevé modificaciones que podrían resultar inconstitucionales, principalmente en las concesiones.
Durante el primer día de audiencias públicas para analizar la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, demandaron cambios en la redacción de varios artículos, ya que de no hacerlo, impactaría el desempeño de industrias y ahuyentaría las inversiones.
La abogada María Fernanda Hernández indicó que si bien la prohibición absoluta de la transmisión de concesiones entre particulares busca evitar la especulación y el acaparamiento del agua, es también una medida que elimina supuestos legítimos y necesarios para la vida económica del País, como fusiones, escisiones, compra-venta de negocios, sucesiones y reestructuras corporativas.
Hernández explicó que una propuesta que han debatido en foros de abogados es permitir cambios de titularidad entre particulares, siempre y cuando se mantenga el uso, el volumen autorizado, el cuerpo de agua y el punto de extracción.
“Este mecanismo cierra la puerta al mercado negro, pero no paraliza las actividades productivas ni genera incertidumbre jurídica”, afirmó.
Franco Lammoglia, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), dijo que la prohibición de las transmisiones de concesiones permite eliminar el mercado negro, pero resta operatividad y continuidad a las industrias para las que el agua es un insumo.
Planteó excluir de esta prohibición ciertas operaciones necesarias para la industria, como cuando la transmisión no cambia las condiciones y sólo cambia el titular por fusiones o adquisiciones, que no implique una operación especulativa.
Alejandro Monteagudo, representante de la Unión Nacional de Avicultores, advirtió que la prohibición en la transmisión de derechos les preocupa, porque genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
José Ramón Ardavín, del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible, pidió mantener en cinco años el plazo para hacer la solicitud de prórroga de las concesiones –la propuesta plantea reducirlos a un año–, hasta en tanto el proceso de digitalización no esté implementado en su totalidad.
Christopher Ávila Mier, representante de Concamin, advirtió sobre el riesgo de que el artículo sexto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales pueda resultar inconstitucional, al establecer que los títulos de concesiones, asignaciones y permisos en trámite se resolverán en términos de la normatividad vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, “siempre que nos se oponga a sus principios y directrices”.
El ex director de Conagua, José Luis Luege, propuso no modificar las atribuciones de los 13 Organismos de Cuenca con los que cuenta la Comisión, toda vez que la propuesta plantea cambiar el término “expedir” por “participar” en el trámite de títulos de concesión, asignación y permisos.
