Zósimo Camacho
En el ámbito educativo, la promesa de justicia para los maestros de México suele resonar en los discursos oficiales, pero para cuatro profesores de Querétaro no deja de ser un eco lejano. Sus casos son el rostro de una deuda histórica y el testimonio de que la justicia no llega a cabalidad, aun y cuando se haya desmontado gran parte de ese proceso privatizador de la educación pública básica.
Se trata de saldos vivos de una política de Estado represiva desatada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para imponer la regresiva Reforma Educativa de 2013. Como se recordará, la ofensiva redundó en un costo humano trágico pagado por las maestras y maestros de México que defendieron la educación pública, laica y gratuita: más de 1 mil 500 profesores en toda la República fueron despedidos bajo el falaz argumento de “abandono de trabajo” por declararse en huelga; y se ejecutaron decenas de represiones violentas en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, que resultaron en asesinatos, decenas de heridos de bala, decenas de detenidos y miles de heridos por contusiones, gases lacrimógenos y balas de goma. El episodio más sangriento se escribió en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, donde una operación policial dejó un paisaje de dolor, sangre y ocho muertes.
Esa estrategia de criminalización de la protesta social incluyó la detención y el encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad de decenas de docentes, entre ellos Rubén Núñez Ginés, líder de la sección 22 de Oaxaca y uno de los referentes más importantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bajo acusaciones fabricadas. Una represión que, cabe recordar, contó con el respaldo explícito de gran parte de los medios de comunicación y de todo el alto sector empresarial del país.
Hoy, a pesar del cambio de gobierno federal, la sombra de aquella represión se alarga sobre Querétaro, en los casos de Rosa María Córdova Rodríguez, Jerónimo Sánchez Sáenz, Graciela Reyna Saucedo Mendieta y María de los Ángeles Adriana Domínguez Gómez, quienes forman parte de un grupo original de 161 cesados en el estado. Si bien 157 fueron reinstalados, estos cuatro casos permanecen irresueltos, una mancha en un proceso que se presumía concluido.
Sus expedientes son un laberinto de recursos legales y promesas incumplidas, y padecen la oposición política del gobierno estatal del Partido Acción Nacional (PAN), que históricamente ha combatido la reinstalación de los maestros. Aunque el gobierno federal actual asegura que mantiene la intención de resolver el caso, las mayores dificultades provienen precisamente de la administración estatal panista de Querétaro, que ha erigido obstáculos administrativos y legales que impiden materializar los acuerdos.
Los casos de Rosa María Córdova Rodríguez y Jerónimo Sánchez Sáenz son emblemáticos. Ambos, con 33 y 28 años de servicio respectivamente, fueron cesados el 5 de mayo de 2016 de la Escuela Secundaria General “Las Américas”, bajo el mismo pretexto utilizado a nivel nacional: “abandono de empleo”, una justificación que enmascara la represión política y laboral. Hoy, la profesora Córdova espera la resolución del Juicio de Amparo Directo 661/2024, interpuesto ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo. Por su parte, el maestro Sánchez, aunque obtuvo una sentencia a favor en julio de 2025, enfrenta un amparo interpuesto por la propia autoridad educativa estatal para no acatarla.
La lucha de estos educadores ha sido larga y pública. Incluyó un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante 151 días y otro en la Plaza de Armas de Querétaro por 123, medidas de presión que llevaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a instalar una mesa de negociación. Fruto de ello, el 12 de julio de 2024 se firmó una minuta donde se acordó que las autoridades estatales y federales solventarían los mecanismos legales antes de fin de mes, para un reintegro formal el 16 de agosto de 2024. Los maestros cumplieron su parte y levantaron las protestas.
Sin embargo, los plazos vencieron y los compromisos se incumplieron sistemáticamente. La esperanza renació el 29 de enero de 2025, cuando el abogado Gilberto Girón Méndez, en representación del secretario de Educación federal Mario Delgado Carrillo, firmó un nuevo acuerdo en el que se comprometió a la reinstalación para el día primero de abril de 2025. Una vez más, la promesa quedó en el papel.
Las autoridades estatales han argüido que enviaron la documentación a la SEP “en tiempo y forma”, mientras que funcionarios federales, como Gabriel Mejía Pérez, entonces coordinador de Enlace Interinstitucional, y Mario Lugo Delgadillo, director de Relaciones Laborales de la SEP, señalaron en una reunión del 30 de agosto de 2024 que no podían firmar los convenios por falta de recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda.
Este caso trasciende lo laboral para convertirse en una cuestión de principios. Son docentes con décadas de trayectoria, como Graciela Reyna, con 39 años de servicio, cuya cesión fue declarada nula por un juez, pero que sigue en la lucha, o como María de los Ángeles Domínguez, a quien un tribunal ordenó reinstalar por “despido injustificado” en el juicio laboral 291/2017/2, orden que fue ignorada recontratándola sin restituir sus derechos plenos.
La columna vertebral de la educación es el maestro, y cuando el Estado falla en proteger a quienes la sostienen, se resquebraja la confianza en las instituciones. La deuda con Rosa María, Jerónimo, Graciela y María de los Ángeles es una mancha en la historia educativa reciente que sólo puede limpiarse con justicia, verdad y la plena restitución de sus derechos.
Es imperativo que el gobierno federal supere los obstáculos interpuestos por el gobierno panista de Querétaro y cumpla, de una vez por todas, el compromiso presidencial. No hacerlo es validar la lógica represiva del pasado y negar la justicia a quienes defendieron el derecho a la educación pública, laica y gratuita para todos.
