- El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que modifica de manera sustancial el modelo de nombramiento, ratificación y remoción del fiscal general del Estado (FGE).
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- En una sesión nocturna que avanzó entre posicionamientos encontrados, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que modifica de manera sustancial el modelo de nombramiento, ratificación y remoción del fiscal general del Estado (FGE).
La votación, mayoritariamente favorable al bloque oficialista, abre la puerta a una reconfiguración inmediata del órgano de procuración de justicia.
La reforma establece que el titular de la FGE ya no será electo mediante convocatoria abierta, sino a propuesta directa de la persona titular del Ejecutivo estatal.
El Congreso de Veracruz deberá votar la designación en un plazo máximo de cinco días hábiles y, en caso de no emitir una resolución, la propuesta quedará aprobada automáticamente.
Asimismo, el periodo del encargo se reduce de nueve a cuatro años, con la posibilidad de una sola ratificación por un periodo igual.
El Ejecutivo también podrá solicitar la remoción del fiscal, siempre bajo control legislativo, pues la separación del cargo deberá ser aprobada por mayoría calificada del Congreso de Veracruz.
Además, se actualizan los requisitos para encabezar la institución, incluyendo experiencia acreditada en procuración de justicia, evaluaciones de control y confianza, y formación con perspectiva de género y derechos humanos.
Durante la discusión, legisladores de Oposición advirtieron que el nuevo esquema podría debilitar la autonomía de la FGE al concentrar en el Ejecutivo la capacidad de proponer, ratificar y, eventualmente, remover a su titular.
Consideraron que estas facultades podrían traducirse en presiones políticas sobre una institución que, por diseño, busca operar con independencia para investigar delitos y garantizar justicia.
También señalaron que la reforma tendría efectos inmediatos, lo que pondría en duda la continuidad de la actual titular, Verónica Hernández Giadáns.
Por su parte, quienes respaldaron el cambio defendieron que la reducción del periodo permitirá evaluar con mayor periodicidad el desempeño de la Fiscalía y ajustar su conducción en función de resultados.
Sostuvieron que el mecanismo evita vacíos institucionales y contribuye a agilizar la toma de decisiones en casos donde el Congreso de Veracruz no logre acuerdos.
En las próximas semanas se definirá si el gobierno estatal impulsará un relevo en la Fiscalía y qué perfil será propuesto para asumir la conducción del organismo.
Para organizaciones ciudadanas y víctimas, el proceso será clave para valorar si la reconfiguración institucional responde a necesidades de justicia o si profundiza la influencia política en un ámbito que exige autonomía y resultados verificables.
