Rodolfo El Negro Montes
México atraviesa un momento de esquizofrenia institucional. Mientras las cifras de personas desaparecidas alcanzan niveles históricos, desde las filas del partido en el poder emergen voces que, lejos de ofrecer consuelo o justicia, parecen ensayar una claudicación moral ante el crimen organizado. El contraste es tan nítido como doloroso: por un lado, miles de familias buscan restos en fosas clandestinas; por el otro, se intenta normalizar al verdugo como un “mal necesario” para la economía mexicana.
A inicios de este 2026, los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) son devastadores. El año 2025 cerró con un incremento cercano al 20% en los reportes de desaparición en comparación con el año anterior, superando los 14 mil casos sólo en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum.
Este fenómeno no es una “percepción” ni una “herencia” estática; es una crisis viva. Colectivos de madres buscadoras y organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, han señalado que la desaparición en México es sistemática. Sin embargo, la respuesta oficial ha oscilado entre la actualización de censos —cuestionada por intentar “borrar” desaparecidos mediante metodologías opacas— y la negación de la magnitud del problema.
En este contexto de duelo nacional, las declaraciones de Adriana Marín, vocera de Morena en el Congreso de la CDMX, cayeron como sal en la herida. Al afirmar que el narcotráfico es uno de los principales “empleadores” del país y que combatir al crimen es complejo porque “da mucha chamba”, no sólo cometió un error político, sino un profundo agravio ético.
Argumentar que los cárteles cumplen una función social por reclutar a miles de jóvenes (estimados entre 160 mil y 185 mil personas) es ignorar la naturaleza de ese “empleo” que no es sino un reclutamiento forzado: Muchas de las desapariciones actuales son, precisamente, jóvenes sustraídos para servir como carne de cañón.
Y a ello se le añade la violencia intrínseca: No es una oferta laboral, es un sistema de servidumbre violenta donde el “contrato” se firma con sangre y se termina en una fosa, frente a la debilidad del Estado que tiene que admitir que el narco “genera empleo” es confesar que el Estado ha fracasado en proveer seguridad, educación y oportunidades legales.
Aunque la dirigencia de Morena y la propia presidenta Sheinbaum se deslindaron de estos dichos calificándolos de “desafortunados”, la idea subyacente de que el crimen es un actor económico con el que se debe convivir es un veneno que paraliza la justicia. No se puede pedir paciencia a las madres buscadoras mientras se justifica la existencia de los captores bajo el pretexto de la “complejidad económica”.
México no necesita que se cuenten las vacantes que ofrece el narco; necesita que se cuenten —y se encuentren— las vidas que ese mismo narco ha arrebatado. El reconocimiento de la tragedia es el primer paso para solucionarla, y la normalización del horror es el camino más corto hacia el estado fallido.
