- Ricardo Monreal consideró que la negativa de sus aliados del PT y el PVEM para respaldar, por ahora, la posible reforma electoral del oficialismo no es por ningún chantaje.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que la negativa de sus aliados del PT y el PVEM para respaldar, por ahora, la posible reforma electoral del oficialismo no es por ningún chantaje, sino porque están defendiendo sus principios.
Después de que su homólogo Reginaldo Sandoval, del PT, no asegurara los votos de la bancada el pasado miércoles, y antes de la negativa a la que se sumaron ayer legisladores del PVEM, Monreal dijo que espera llegar a consensos previos a la iniciativa.
“Al diputado Reginaldo le asiste la razón, desde su punto de vista (…) Tenemos que esperar a que PT, Verde y Morena caminen en un proceso de análisis de las propuestas que les va a hacer la Comisión presidencial para la reforma electoral y en esa Comisión está la Secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), que yo entiendo, a partir de hoy estarán en esas reuniones”, expresó en conferencia de prensa.
“Conozco a Carlos Puente y a Reginaldo Sandoval, al profesor Beto Anaya, a Jorge Emilio, no creo que estén en un proceso de chantaje ni de venta, están defendiendo sus propios principios y nosotros los respetamos”.
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Monreal insistió en que no debería existir una iniciativa antes de alcanzar consensos y alertó que la reducción de los tiempos podría hacerlos cometer errores en medio de la premura, ante lo que pidió privilegiar la unidad de la coalición.
“Mi principal intención como coordinador es mantener el frente político unido en torno a las reformas de la Presidenta Claudia Sheinbaum (…) es una ruta complicada y que yo prefiero mantener la unidad de la coalición”, dijo.
Mencionó que los tres partidos deberán debatir en torno a las propuestas de integración de la Cámara de Diputados, el financiamiento, la fiscalización y el voto de los mexicanos en el extranjero.
Agregó que en la reforma existirá un capítulo “fuerte” de fiscalización con el que pretenden cercar el camino del crimen organizado para que no aporte recursos a las campañas o candidatos.
