Frena el frío avance del ‘dragón amarillo’ en huertos citrícolas

Fecha:

  • Ante este escenario, autoridades y organizaciones del sector han retomado proyectos para fortalecer los mecanismos de control biológico y fitosanitario.
JORGE GONZÁLEZ

VERACRUZ, VER.- La citricultura veracruzana experimenta un respiro frente a uno de sus mayores desafíos fitosanitarios: la plaga conocida como “dragón amarillo” o huanglongbing (HLB).

Es una enfermedad transmitida por el “psílido” asiático (plagas chupadoras de plantas que beben del sistema de floema de la planta) a los cítricos que ha diezmado huertos de naranja y limón en los últimos años.

El descenso térmico registrado en los últimos días ha ralentizado la actividad del insecto vector, ofreciendo un alivio temporal a productores y técnicos del campo.

La plaga del “dragón amarillo” fue identificada hace más de una década como una de las principales amenazas para los cítricos de Veracruz, una de las regiones más importantes del país en la producción de naranja.

Estudios y reportes previos señalaron que la enfermedad había afectado extensamente hectáreas de cultivo, provocando la disminución de rendimiento y calidad de la fruta, así como impactado la economía de miles de familias productoras.

Las temperaturas bajas afectan tanto al insecto transmisor como a la bacteria asociada al HLB, reduciendo su movilidad y reproducción.

Productores han notado que, con el ambiente más frío, la presencia de “psílidos” se ha debilitado, lo que disminuye temporalmente la propagación de la enfermedad entre árboles y da un respiro a huertos afectados o en riesgo.

Sin embargo, técnicos en sanidad vegetal y agrónomos advierten que esta pausa es transitoria; con la llegada de un régimen más cálido, propio de los próximos meses, el insecto podría reactivarse y continuar su ciclo de infestación.

Este patrón sugiere que el alivio actual no reemplaza las estrategias de manejo fitosanitario sostenible y que los productores deben prepararse para responder cuando las condiciones climáticas vuelvan a favorecer al vector.

Ante este escenario, autoridades y organizaciones del sector agropecuario han retomado proyectos para fortalecer los mecanismos de control biológico y fitosanitario.

Entre ellos destaca la planificación de laboratorios para producir enemigos naturales del “psílido”, como parte de un enfoque integrado de manejo de plagas que complemente las prácticas agronómicas en campo.

Estas iniciativas reflejan la preocupación por sostener la productividad citrícola en un contexto de cambios climáticos y presión de plagas, promoviendo respuestas técnicas que reduzcan la dependencia exclusiva de métodos químicos y fortalezcan la resiliencia del sector.

La citricultura no sólo es un motor productivo en Veracruz –donde miles de familias dependen de ella para su sustento–, sino también un elemento cultural y económico de comunidades rurales.

La amenaza constante del “dragón amarillo” ha generado preocupación entre productores pequeños y medianos, que enfrentan pérdidas de rendimiento, costos adicionales en manejo fitosanitario y una incertidumbre constante sobre la estabilidad de sus cultivos.

El alivio temporal del clima frío es motivo de cierto optimismo, pero también subraya la importancia de políticas públicas y acompañamiento técnico para sostener los esfuerzos contra la plaga a largo plazo, más allá de las fluctuaciones climáticas estacionales.

Guardar esta Publicación

Compartir:

Suscríbete

Lo + Popular

Más como esto
Relacionado

Fija Corte límites a reforma judicial en Yucatán

Fija Corte límites a reforma judicial en Yucatán Invalida Suprema Corte el mecanismo de designación de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial en la entidad, al considerar que contravenía directamente el modelo constitucional federal. STAFF / LUCES DEL SIGLO CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo día consecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre la implementación de la reforma judicial en los estados cuyos congresos armonizaron la constituciones locales al introducir disposiciones contrarias a lo que dicta la Carta Magna. Al resolver las impugnaciones contra el rediseño del Poder Judicial en Yucatán, el Pleno confirmó la validez general de la reforma estatal, pero invalidó el mecanismo de designación de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que contravenía directamente el modelo constitucional federal. La decisión se inscribe en una línea de precedentes recientes en los que la Corte ha frenado ajustes locales en entidades como Nayarit, Durango y Guerrero, donde también corrigió desviaciones en aspectos clave como la integración de órganos, la duración de cargos y los procedimientos de selección de jueces. El mensaje se consolida: los estados pueden adaptar el nuevo sistema judicial, pero no reconfigurar sus bases estructurales. El caso de Yucatán tuvo su origen en el Decreto 105, publicado en agosto de 2025, mediante el cual el Congreso local reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre los cambios más relevantes se encontraban nuevas reglas para la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, ajustes en la elaboración del presupuesto y modificaciones al régimen de licencias del personal judicial. La reforma fue impugnada por el Poder Ejecutivo Federal, lo que llevó el caso al análisis del máximo tribunal. El punto central del litigio se concentró en el método de designación de la presidencia del Tribunal de Disciplina. La legislación local permitía que la persona titular fuera elegida mediante votación interna entre los magistrados e incluso contemplaba la posibilidad de ratificación. Para la Corte, este diseño rompía con el modelo constitucional derivado de la reforma judicial de 2024, que establece que la presidencia debe renovarse periódicamente en función de la votación obtenida en elecciones judiciales. A partir de ese criterio, el Pleno invalidó la porción normativa que permitía la elección interna y la reelección en el cargo. Sin embargo, no anuló toda la disposición. Optó por una interpretación conforme que mantiene el resto del esquema, siempre que se entienda que la presidencia debe definirse con base en el voto ciudadano y sin posibilidad de ratificación. Se trató de un ajuste puntual: se eliminó el mecanismo que concentraba la decisión al interior del órgano, pero se preservó la estructura institucional. La resolución tuvo además un efecto expansivo. Al advertir que la norma impugnada remitía directamente a la Constitución local, la Corte extendió la invalidez a esa disposición en la parte que reproducía el mismo vicio. Con ello, evitó que subsistieran contradicciones dentro del marco jurídico estatal y garantizó la coherencia del modelo judicial en su conjunto. En contraste, el tribunal adoptó una postura distinta en otros aspectos de la reforma. En materia presupuestaria, rechazó el argumento del Ejecutivo Federal que sostenía que el Tribunal Superior de Justicia no debía elaborar su propio anteproyecto de presupuesto. La Corte concluyó que el esquema diseñado por Yucatán —donde el tribunal formula su propuesta y el órgano administrativo integra el proyecto general— es compatible con la Constitución y forma parte de un margen válido de organización interna. De igual forma, validó el régimen de licencias para servidores públicos del Poder Judicial, que permite ausencias de hasta seis meses con posibilidad de ampliación. El Pleno consideró que este tipo de regulaciones forman parte de las condiciones laborales y administrativas del personal, un ámbito en el que las entidades federativas conservan libertad configurativa, siempre que no se vulneren derechos fundamentales ni se genere incertidumbre jurídica. El resultado fue una sentencia parcialmente fundada que no desmantela la reforma judicial de Yucatán, pero sí corrige uno de sus elementos clave para alinearlo con el modelo federal. El Congreso local deberá ajustar el mecanismo de designación en el Tribunal de Disciplina, mientras que el resto del diseño institucional permanece vigente. Más allá del caso concreto, la resolución confirma una tendencia clara en la actuación reciente de la Suprema Corte. Frente a la implementación de la reforma judicial en los estados, el tribunal ha optado por un criterio de “corrección selectiva”: valida las adaptaciones locales en aspectos administrativos y organizativos, pero interviene cuando se alteran principios esenciales como la forma de elección de los funcionarios judiciales, la duración de sus cargos o los equilibrios internos del sistema.

Crean grupo para saber causa del derrame

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se tiene totalmente identificada a la empresa que lo habría provocado.

Sancionará la gente a opositores del ‘Plan B’

La presidenta Sheinbaum se refirió a la iniciativa cuya aprobación se ha postergado por desacuerdos entre Morena y sus aliados.

Escala derrame de petróleo; hay más de 600 kilómetros de costa contaminada

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México escaló a una emergencia ambiental de alto impacto, al extenderse a lo largo de más de 600 kilómetros de litoral.

Continuar leyendo ...
Relacionado