- El gobierno del Reino Unido concedió asilo político a Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, decisión que frena su extradición a México.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El gobierno del Reino Unido concedió asilo político a Karime Macías Tubilla, ex esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, decisión que frena su extradición a México por el presunto desvío de 112 millones de pesos del Sistema DIF estatal.
La determinación fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que el gobierno mexicano no ha recibido una notificación formal por parte de las autoridades británicas.
Adelantó, sin embargo, que México expresará su inconformidad mediante los canales diplomáticos correspondientes.
“No estamos de acuerdo con esa decisión”, declaró la mandataria federal, al precisar que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en territorio nacional.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de Veracruz obtuvo una orden de captura contra Macías Tubilla por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en el DIF estatal durante la administración de Duarte de Ochoa (2010-2016).
Desde entonces, la ex funcionaria residía en territorio británico, donde enfrentó un prolongado proceso judicial de extradición.
En 2022, un tribunal de Londres había autorizado su entrega a México, sin embargo, la defensa promovió recursos adicionales que derivaron en la solicitud de protección internacional.
Con la concesión de asilo, el Reino Unido reconoce que la solicitante enfrenta un riesgo de persecución o vulneración de derechos en su país de origen, criterio que bloquea su extradición mientras se mantenga vigente ese estatus migratorio.
En Veracruz, el caso ha sido emblemático dentro de los procesos por corrupción derivados del sexenio duartista, considerado uno de los periodos más cuestionados en la historia reciente de la entidad por el desfalco a instituciones públicas y el endeudamiento estatal.
Especialistas en derecho internacional consultados por medios nacionales señalan que el asilo político no implica absolución de los cargos en México, sino una medida de protección bajo la legislación británica.
Las órdenes judiciales mexicanas continúan activas, aunque su ejecución queda supeditada a cambios en la situación legal de la beneficiaria.
El anuncio ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado su postura de combate a la corrupción y recuperación de activos públicos, mientras que en Veracruz persiste el reclamo social por justicia en casos que involucraron recursos destinados a programas asistenciales.
La presidenta Sheinbaum indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisará el alcance de la decisión británica y definirá las acciones diplomáticas pertinentes.
Hasta el cierre de esta edición, no se había informado sobre un eventual recurso legal adicional por parte del Estado mexicano ante instancias internacionales.
El caso reabre el debate sobre los límites de la cooperación judicial entre países y los alcances del asilo político en procesos vinculados a presuntos delitos de corrupción.
