- La Sener podrá frenar proyectos públicos y privados relacionados con el sector, cuando las comunidades indígenas y/o afromexicanas nieguen su consentimiento para realizar las obras .
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Energía (Sener) podrá frenar proyectos públicos y privados relacionados con el sector, cuando las comunidades indígenas y/o afromexicanas nieguen su consentimiento para realizar las obras o que éstas pongan en riesgo su supervivencia.
Así lo señalan las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para la Manifestación de Impacto Social (MIS), publicadas ayer en el Diario Oficial.
La negativa se dará si en consulta previa rechazaron el proyecto.
Además cuando éste los ponga en riesgo, se quiera desarrollar en zonas restringidas, genere impactos sociales significativos negativos que provoquen mayor perjuicio que beneficios.
El permiso también se negará cuando la Sener determine que el proyecto no es acorde con la política energética, la planeación vinculante o el interés público, o bien se haya utilizado información falsa sobre los impactos sociales en la MIS, agrega.
Los proyectos que requerirán MIS para su autorización son los de exploración y extracción de hidrocarburos, tratamiento, procesamiento o refinación de petróleo; almacenamiento y distribución por ductos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; compresión o descompresión de gas natural; regasificación o licuefacción, su procesamiento o tratamiento, así como venta para autoconsumo.
También aplica para generación, transmisión y almacenamiento de energía eléctrica; producción, transporte y almacenamiento de biocombustibles, y exploración de recursos para la geotermia.
Isidro Fernández, presidente de la consultora en energía Ifenerghi, afirmó que las DACG buscan que la información de la MIS sea reciente y fidedigna, y que esta refleje adecuadamente las características de la población afectada.
“Esto lleva a los interesados a planear mejor los proyectos y las consultas, y no improvisar”, expresó.
Consideró que estas disposiciones pudieran considerarse una carga administrativa para los inversionistas, lo que exigirá mayor disciplina.
