- Representantes de todas las fuerzas políticas en la XVIII Legislatura cerraron filas para poner fin a lo que denominan el ‘congelador legislativo’.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Representantes de todas las fuerzas políticas en la XVIII Legislatura cerraron filas para poner fin a lo que denominan el “congelador legislativo”.
A través de una robusta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados buscan arrebatarle a la Mesa Directiva la facultad de decidir, bajo criterios políticos y por acuerdos de mayorías, qué iniciativas avanzan y cuáles se quedan en el olvido.
La propuesta, que une las firmas de legisladores del PT, PVEM, Morena, PAN, MC y PRI, tiene como eje central la prelación obligatoria.
Esto significa que el orden de lectura en el pleno legislativo y dictaminación se regirá estrictamente por el reloj, respetando la fecha y hora de registro de cada proyecto, eliminando los privilegios otorgados por acuerdos de grupos al interior de la Junta de Gobierno o de la Mesa Directiva en turno.
El diputado Hugo Alday Nieto fue tajante al describir la situación actual como un retroceso.
“Estamos viendo prácticas de autoritarismo que creíamos superadas. Hay un rezago de hasta 10 meses que no es por falta de trabajo, sino por falta de voluntad política en la Mesa Directiva”, denunció.
De aprobarse la reforma, el funcionamiento del Congreso de Quintana Roo cambiaría de forma radical y la Junta de Gobierno y la Mesa Directiva estarán obligadas a programar los asuntos en estricto orden cronológico.
Se establece un máximo de 30 días naturales para que cualquier iniciativa sea leída ante el Pleno tras cumplir sus requisitos formales y la Secretaría de la Mesa Directiva deberá rendir cuentas de los asuntos en cartera sin aplicar filtros subjetivos o a discrecionalidad.
La iniciativa no solo surge de la inconformidad interna, sino del impacto negativo externo.
Los legisladores señalaron que percepción de inoperancia administrativa que genera el congelador de iniciativas, provoca que ciudadanos y organismos de la sociedad civil emitan evaluaciones reprobatorias generalizadas.
Afecta incluso a los diputados que sí presentan trabajo, pero cuyos proyectos están bloqueados.
Con esta acción, la XVIII Legislatura busca democratizar el proceso parlamentario, garantizando que el Congreso responda a las necesidades ciudadanas y no a las cuotas de control político que, según los promoventes, mantienen paralizada la actualización normativa del estado.
La iniciativa está firmada por integrantes de todos los grupos parlamentarios como Hugo Alday Nieto (PT) María José Osorio Rosas (PVEM) Ricardo Velazco Rodríguez y Gabriela Mora Castillo (Morena) Reyna Tamayo Carballo (PAN) José Luis Pech Varguez (MC y Filiberto Martínez Méndez (PRI).
