- El Congreso del Estado se encuentra en el centro de una discusión jurídica y social tras la presentación de una iniciativa que busca reformar el Código Civil para regular el derecho a la propia imagen.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso del Estado se encuentra en el centro de una discusión jurídica y social tras la presentación de una iniciativa que busca reformar el Código Civil para regular el derecho a la propia imagen.
El proyecto, impulsado por la diputada María José Osorio Rosas, tiene como eje central combatir el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) para la difamación y acoso y hasta sexualización de ciudadanos.
La exposición de motivos advierte que el avance tecnológico ha superado el marco legal actual.
Hoy, cualquier dispositivo móvil permite capturar y modificar la imagen de terceros para crear contenidos falsos que vulneran la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
“Es imperativo otorgar herramientas modernas a quienes imparten justicia para proteger la integridad moral y social frente a la manipulación digital”, señaló Osorio Rosas.
Pese a su fin preventivo, la iniciativa ha encendido las alarmas en el sector periodístico.
Diversos organismos y representantes de comunicación han manifestado su temor de que la ley sea utilizada como una herramienta para inhibir la crítica hacia la clase política.
Ante estos cuestionamientos, la legisladora precisó que la reforma contempla excepciones estratégicas para garantizar la libertad de expresión, como evitar la prohibición al uso de imágenes de servidores públicos en eventos de carácter público.
Se permitirá la difusión de imágenes cuando el fin sea informar a la opinión pública, así como el uso de caricaturas y parodias seguirá permitido, siempre y cuando no se utilicen para fines ajenos a la libre expresión.
La propuesta aspira a colocar a Quintana Roo junto a estados como Jalisco y Nuevo León en la vanguardia de la tutela del derecho al honor.
La reforma, de acuerdo con la propuesta legal, contiene mecanismos para la reparación del daño moral y el retiro inmediato de contenido malicioso.
Así como de fomento de la cultura del consentimiento y respeto a la intimidad; la exigencia de ética para plataformas digitales y creadores de contenido; y la prevención de la exposición indebida de menores desde temprana edad.
Debido a la relevancia del tema y la polarización de opiniones, la iniciativa no pasará directamente al Pleno.
Osorio Rosas confirmó que el proyecto se someterá a un proceso de mesas de consulta y análisis con la sociedad civil organizada antes de ser votado.
Este periodo de escrutinio busca pulir el articulado para asegurar que la protección contra la violencia digital no colisione con el derecho ciudadano a la información.
