Zósimo Camacho
En un acto de gran factura teatral celebrado en Miami el pasado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos reunió a una docena de líderes latinoamericanos para anunciar la creación de la “Cumbre del Escudo de las Américas”. Bajo este nombre bélico, se propuso una nueva “coalición militar” para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Donald Trump, en ese escenario, presentó a México como el “epicentro de la violencia” y una amenaza directa para la seguridad nacional estadunidense. Entre aplausos de sus presidentes alineados, amenazó: “El gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender nuestra seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense”.
Lo que realmente revela esa puesta en escena no es una estrategia de cooperación regional, sino la más profunda y cínica hipocresía de una nación que se niega a mirarse al espejo y asumir su rol protagónico en esta tragedia.
Es imposible abordar el fenómeno del narcotráfico sin señalar la ley inquebrantable del mercado: donde hay una demanda voraz, habrá una oferta dispuesta a satisfacerla. Y en ese sentido, Estados Unidos no es una víctima colateral, es el epicentro del problema. Los datos del Centro Nacional de Estadística sobre Abuso de Drogas (NCDAS, por su sigla en inglés) pintan un retrato devastador de una sociedad profundamente consumida por las drogas. Hablamos de un país donde el 51.2 por ciento de las personas mayores de 12 años ha consumido drogas ilícitas al menos una vez en su vida. No son cifras menores: 145.1 millones de ciudadanos han probado sustancias ilegales, y 47.7 millones son consumidores actuales. El 24.9 por ciento de la población de 12 años o más, es decir, 70.5 millones de personas, ha consumido drogas ilegales o abusado de medicamentos recetados en el último año. Esta mastodóntica demanda es el motor que impulsa la violencia y la corrupción al sur de su frontera.
La hipocresía se torna insultante cuando se analizan los matices de este consumo. No se trata únicamente de adultos en contextos de marginación. El fenómeno permea todas las edades y clases sociales. Mientras Washington señala con dedo acusador a México, el 11.2 por ciento de los adolescentes estadunidenses de 12 a 17 años consume marihuana, y el 2.2 por ciento ya ha tenido contacto con opioides. En la población mayor de 18 años, el 22.9 por ciento consume marihuana, el 11.6 por ciento ha experimentado con LSD y el 2.4 por ciento consume heroína.
Todos esos millones de adictos reciben su dosis diaria. Encuentran todo tipo de droga en cualquier punto del territorio estadunidense. Vaya logística de distribución tan eficiente. El mayor trasiego ilegal de drogas no ocurre en México, Colombia, Afganistán ni en cualquier otro lugar del mundo. Se realiza a diario con un sistema de rutas, almacenes y tecnología de punta al interior de Estados Unidos. Ese país no sólo es el mayor consumidor de dogas del mundo sino el principal traficante.
El resultado de esta epidemia de consumo es un cementerio sin fronteras: desde 1999, más de 1 millón 150 mil personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos. Es una crisis humanitaria de enormes proporciones, pero en lugar de tratarse como un problema de salud pública interna, se externaliza la culpa y se militariza la respuesta en el extranjero.
Sin embargo, la contribución estadunidense a la violencia mexicana no termina en su adicción. El “Escudo de las Américas” resulta una farsa cuando se observa el tráfico que fluye en dirección opuesta, de norte a sur. Datos de la Universidad de Guadalajara estiman que alrededor de 500 mil armas ingresan de manera ilegal a México cada año. En la última década, esto equivale a aproximadamente 5 millones de arsenales que han cruzado la frontera para armar a los propios cárteles que Washington dice querer combatir. Es una contradicción perversa: mientras se acusa a México de ser la fuente de la violencia, el poder de fuego que la sostiene proviene, en su inmensa mayoría, de las armerías y las laxas leyes estadunidenses.
La “coalición militar” propuesta por Trump, lejos de ser un acto de solidaridad, es un intento de consolidar un cerco que proteja a su nación a costa de la soberanía y estabilidad de América Latina. Al reunir a mandatarios afines en Miami, lo que se busca es crear un coro que valide una intervención encubierta o explícita en la región, ignorando que el verdadero campo de batalla no está en los cerros de Sinaloa o en las fronteras del Darién, sino en las ciudades y hogares estadunidenses donde se normaliza y sostiene el consumo.
México tiene profundos problemas que resolver en materia de violencia y crimen organizado, y debe asumir su responsabilidad. Pero no puede ni debe cargar con la culpa de una crisis que es, en esencia, binacional. Acusar a México de ser el “epicentro de la violencia” mientras se le inunda de armas y se le exige que contenga a una hidra alimentada por la demanda del norte es el colmo de la deshonestidad intelectual y política.
El gobierno de Estados Unidos dice que hará “lo que sea necesario” para proteger a su pueblo. Tal vez, lo primero que debería hacer es dejar de mentirse a sí mismo y reconocer que el monstruo al que dicen temer no vive al sur del río Bravo, sino que lo han alimentado y criado en casa durante décadas. Sólo entonces podremos empezar a hablar de un verdadero escudo, y no de una cortina de humo.
