- Investigadores y empresarios acuerdan acabar con la desconexión entre universidades, centros de investigación y empresas; investigación científica debe salir de los círculos académicos y las empresas dejar de importar soluciones.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han anunciado recientemente la articulación en la política de innovación en México, traduciendo por primera el discurso científico y tecnológico en soluciones concretas para la economía real, conectando directamente a la academia con las necesidades productivas del país.
El acuerdo, resultado de la mesa de análisis, no se limita a una declaración de buenas intenciones. Lo novedoso radica en que se propone romper una de las fallas estructurales históricas del desarrollo tecnológico en México: la desconexión entre universidades, centros de investigación y empresas.
Durante décadas, gran parte de la investigación científica en el país se desarrolló en circuitos académicos con escasa aplicación práctica, mientras que el sector empresarial, por su parte, recurría a soluciones tecnológicas importadas o desarrolladas fuera del ecosistema nacional. El resultado fue una economía con bajo nivel de innovación propia y alta dependencia tecnológica.
Ahora, el planteamiento es distinto.
El eje central del acuerdo consiste en identificar las necesidades reales del sector productivo —particularmente en áreas científicas y tecnológicas— y, a partir de ello, orientar el talento, la investigación y la infraestructura existente hacia esos objetivos. Para ello, Secihti y el CCE trabajarán en un diagnóstico conjunto que permita definir qué tipo de perfiles, conocimientos y capacidades requiere la industria mexicana.
Este punto es clave porque implica pasar de una lógica de oferta —donde la academia produce conocimiento sin una demanda clara— a una lógica de demanda tecnológica, en la que las empresas y sectores productivos guían parte de la agenda de innovación.
A la par, se busca activar un recurso estratégico que hasta ahora ha operado con un potencial subutilizado: los 26 Centros Públicos de Investigación y los Laboratorios Nacionales adscritos a la Secihti. Estas instituciones concentran capacidades científicas, infraestructura tecnológica y capital humano altamente especializado, pero en muchos casos no han logrado integrarse plenamente a las dinámicas industriales.
El acuerdo plantea precisamente eso: convertir esa infraestructura en motor directo de desarrollo económico, facilitando que los proyectos académicos se conecten con problemas concretos de la industria, desde la transformación digital hasta el desarrollo de nuevas tecnologías productivas.
En términos prácticos, esto puede traducirse en beneficios tangibles. Para la sociedad, la vinculación entre ciencia e industria abre la puerta a: generación de empleos más especializados y mejor remunerados; mayor acceso a innovación aplicada en sectores como salud, energía o medio ambiente; desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a la realidad nacional.
Para la economía, el impacto puede ser aún más profundo: reducción de la dependencia tecnológica del extranjero; fortalecimiento de cadenas productivas nacionales; impulso a la competitividad de empresas mexicanas; y atracción de inversiones en sectores de alto valor agregado.
Además, el enfoque incorpora un elemento estratégico: la innovación no se plantea únicamente como motor económico, sino como herramienta para avanzar en objetivos más amplios como la soberanía tecnológica, la sustentabilidad ambiental y el bienestar social.
Otro aspecto relevante es la institucionalización del diálogo. La creación de mesas de trabajo permanentes entre gobierno y sector empresarial busca evitar que estos esfuerzos se queden en iniciativas aisladas y, en cambio, se conviertan en una política de Estado sostenida.
Las conclusiones del encuentro son claras: existe coincidencia entre ambos sectores en que México necesita un nuevo modelo de desarrollo basado en conocimiento, donde la ciencia deje de ser un ámbito aislado y se convierta en una palanca directa de crecimiento económico.
También hay un reconocimiento implícito de que la innovación no puede ser impulsada por un solo actor. Requiere la articulación de tres pilares: el Estado, como diseñador de políticas públicas; la academia, como generadora de conocimiento; y la empresa, como espacio de aplicación y escalamiento
El reto, sin embargo, no es menor. Pasar del acuerdo a la implementación implicará superar inercias institucionales, alinear incentivos y garantizar que los proyectos realmente respondan a necesidades productivas y no queden en ejercicios burocráticos. Aun así, el paso dado es significativo.
