- El Gobierno de Yucatán se reunió con la Organización de las Naciones Unidas para impulsar políticas de sostenibilidad y derechos.
IGNACIO CANUL
MÉRIDA, YUC.- En un esfuerzo por consolidar a Yucatán como un referente en políticas de sostenibilidad y respeto a las garantías individuales, el Gobierno del Estado sostuvo una reunión de trabajo de alto nivel con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El encuentro se centró en la gestión de sustancias tóxicas y la protección de los derechos humanos vinculados a un entorno sano.
La sesión contó con la participación destacada de Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
El objetivo principal fue intercambiar experiencias técnicas e identificar “buenas prácticas” que permitan a la entidad enfrentar los retos derivados del manejo de desechos peligrosos y el uso de químicos en el campo.
Durante el intercambio, la secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), Neyra Silva Rosado, enfatizó que la presencia del organismo internacional es una oportunidad invaluable para enriquecer las políticas locales.
De acuerdo con la funcionaria, la administración actual busca una convergencia total entre la conservación de la biodiversidad y la protección de la salud de los yucatecos.
Por su parte, el relator Marcos Orellana explicó que estas visitas de campo sirven como una herramienta de cooperación global.
Señaló que conocer los logros y desafíos de Yucatán permite a otras naciones aprender de los casos de éxito, mientras que los retos identificados ayudan a focalizar esfuerzos en áreas donde el respeto a los derechos humanos requiere mayor atención.
Uno de los puntos medulares de la agenda fue la protección del acuífero maya y la reserva del Anillo de Cenotes.
Las autoridades estatales presentaron las estrategias actuales para evitar la infiltración de contaminantes en el subsuelo, un recurso vital que sostiene no solo el consumo humano, sino también los ecosistemas únicos de la región peninsular.
En cuanto a la actividad industrial, se abordó con especial énfasis el sector porcícola; el Gobierno del Estado informó que mantiene una coordinación estrecha con dependencias federales como Semarnat, Profepa y Conagua.
El fin es reforzar los controles ambientales para que esta industria opere bajo estándares que no comprometan el equilibrio ecológico ni el bienestar de las comunidades aledañas.
La problemática de los plaguicidas también ocupó un lugar central en la discusión. La SDS expuso la estrategia estatal para reducir riesgos mediante el manejo adecuado de envases de agroquímicos.
Como ejemplo de acción concreta, se destacó la operación de un Centro de Acopio Temporal en el municipio de Muna, donde se realizan jornadas de recolección y capacitación para productores.
La protección de la apicultura fue otro de los temas de mayor relevancia, considerando que la Península de Yucatán aporta más de un tercio de la producción nacional de miel.
Ante el riesgo de mortandad de abejas por el uso de sustancias nocivas, se anunció la creación de un comité interinstitucional encargado de desarrollar protocolos de muestreo para detectar intoxicaciones de manera temprana.
Emmanuel Cortéz González, director general de Asuntos Internacionales, vinculó estos esfuerzos con la visión del “Renacimiento Maya”.
Aseguró que fortalecer la agenda ambiental mediante el diálogo institucional y la cooperación internacional es fundamental para garantizar el bienestar a largo plazo de los pueblos originarios y la población en general.
Asimismo, se presentaron avances en la prevención de la contaminación marina. Entre las medidas recientes, se detalló la instalación de contenedores especializados para el acopio de aceite de motor usado en el Puerto de Abrigo de Telchac.
Es una iniciativa que busca mitigar el impacto ambiental de la flota pesquera en el litoral yucateco.
La titular de la SDS reiteró que la política ambiental de la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena se sustenta en el derecho humano al agua y al saneamiento.
Subrayó que el trabajo estatal se apoya en el rigor científico de instituciones de investigación y órganos colegiados como el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán.
