Obligarían a legislar sobre transparencia en Nuevo León

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  • La Suprema Corte de Justicia perfila obligar al Congreso local a armonizar la legislación en materia de acceso a la información pública.
STAFF / AR

MONTERREY, NL.- La Suprema Corte de Justicia perfila obligar al Congreso local a armonizar la legislación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales conforme a las reformas federales.

En el proyecto de la ponencia de la Ministra Sara Irene Herrerías, derivado de la controversia constitucional 265/2025 promovida por el Gobierno estatal, el Poder Legislativo tendrá como plazo el próximo periodo ordinario de sesiones para legislar en materia de transparencia.

“Es procedente y fundada la presente controversia constitucional”, se detalla en el proyecto de sentencia publicado ayer.

“Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por no armonizar su marco jurídico, en los términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria”.

El 24 de marzo sería discutido el proyecto de sentencia en el Pleno de la Corte.

La reforma contempla eliminar los organismos autónomos de transparencia locales y sus funciones de acceso a la información y protección de datos sean transferidas a dependencias gubernamentales.

El plazo para armonizar la legislación estatal con la federal venció el 20 de junio del 2025, pero el Congreso local ha señalado que INFONL dejaría de operar cuando ellos concreten la reforma.

Aunque las leyes locales en materia de transparencia se tienen que homologar con el ordenamiento federal, un artículo transitorio de la reforma permite que los organismos locales sigan en funciones mientras se concreta el ajuste a la ley, como es el caso de Nuevo León.

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