- Un Tribunal Colegiado obligó al Ayuntamiento de Benito Juárez y al Gobierno del Estado a intervenir de manera inmediata en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Un Tribunal Colegiado obligó al Ayuntamiento de Benito Juárez y al Gobierno del Estado a intervenir de manera inmediata en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey.
El fallo judicial exige la solución definitiva a las fallas en las redes de drenaje y agua potable, estableciendo plazos estrictos y responsabilidades directas para las autoridades estatales y municipales en caso de incumplimiento por parte de la desarrolladora CID Desarrollos Urbanos.
De acuerdo con la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano municipal cuenta con un plazo de tres días para notificar formalmente el incumplimiento a la empresa constructora.
En caso de que la desarrolladora no concluya las obras en forma, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano del estado deberá ejercer una fianza de 12.7 millones de pesos, depositada previamente por la empresa.
Esto para ejecutar directamente los trabajos de alcantarillado y agua potable en un periodo no mayor a seis meses, con la obligación de entregar informes de avance cada 15 días al Tribunal.
Mónica Huerta, representante legal de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), precisó que la justicia federal ha señalado a la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña y a la gobernadora Mara Lezama, como corresponsables de la ejecución de esta sentencia.
El desacato a este fallo que marcó un precedente jurídico en Quintana Roo podría derivar en sanciones severas para los funcionarios responsables, como los titulares de las secretarías involucradas.
Irá desde la separación del cargo y consignación hasta posibles acciones penales por la omisión en garantizar servicios básicos fundamentales.
Por su parte, Víctor Hugo Guizasola, presidente del Comité de Vecinos de Urbi Villas del Rey calificó este logro jurídico como un avance fundamental para las cuatro mil 400 familias del fraccionamiento.
También como una ruta legal para los más de 150 asentamientos en Cancún que enfrentan problemáticas similares de abandono por parte de las constructoras.
El fallo asienta que la responsabilidad de garantizar la infraestructura urbana recae finalmente en el Estado cuando las instituciones, como CAPA o Infonavit, han omitido vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales de los desarrolladores privados.
