- Aunque las concesiones privadas de agua son legales, datos del Registro Público de Derechos de Agua revelan que al menos 31 figuras públicas poderosas cuentan con concesiones vigentes que en conjunto superan los 6.2 millones de metros cúbicos anuales, equivalente a más de dos mil albercas olímpicas.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de una creciente crisis hídrica en México, los registros oficiales han puesto sobre la mesa un fenómeno que atraviesa a distintas fuerzas políticas: la concentración de concesiones de agua en manos de figuras con poder público. Aunque el sistema es legal y opera desde hace décadas, los datos muestran que un grupo reducido de actores políticos acumula volúmenes significativos del recurso en un contexto donde amplias regiones del país enfrentan escasez.
Información del Registro Público de Derechos de Agua indica que al menos 31 actores políticos, entre legisladores, exfuncionarios y gobernadores, cuentan con concesiones vigentes que en conjunto superan los 6.2 millones de metros cúbicos anuales, equivalente a más de dos mil albercas olímpicas. Esta concentración no distingue partidos ni niveles de gobierno, lo que evidencia un patrón estructural más que casos aislados.
Entre los perfiles más visibles se encuentra Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, quien posee cuatro concesiones en Nuevo León que rebasan el millón de metros cúbicos al año. En la misma entidad aparece Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, con un volumen cercano a los 600 mil metros cúbicos. También figura el senador Jorge Carlos Ramírez Marín como uno de los actores con mayores volúmenes concesionados.
El fenómeno alcanza incluso al Poder Judicial, donde la ministra María Estela Ríos González aparece en registros con concesiones. A nivel estatal, se suman nombres como Américo Villarreal en Tamaulipas, Esteban Villegas en Durango, David Monreal en Zacatecas y Manolo Jiménez en Coahuila, todos con derechos de uso de agua en sus entidades.
Si bien estas concesiones son legales y forman parte del marco regulatorio vigente desde 1992, su uso ha sido objeto de cuestionamientos. Diversos análisis han documentado que, en algunos casos, el agua concesionada para fines agrícolas termina utilizándose en desarrollos inmobiliarios, actividades industriales o incluso en esquemas de compraventa informal del recurso.
El problema de fondo no radica únicamente en quiénes tienen concesiones, sino en cómo el modelo permite la acumulación de grandes volúmenes en manos de pocos actores. Esto contrasta con la realidad de comunidades y ciudades que enfrentan restricciones crecientes en el acceso al agua, en un país donde más del 70 por ciento del recurso se destina al sector agrícola y donde varios acuíferos presentan niveles de sobreexplotación.
El tema adquiere mayor relevancia en el plano político porque confronta el discurso público sobre el agua como derecho humano con la evidencia de su concentración en círculos de poder. Sin embargo, especialistas coinciden en que el problema no puede reducirse a nombres individuales, sino que responde a un diseño institucional que carece de mecanismos efectivos de control, transparencia y redistribución.
Bajo este contexto, el debate de fondo gira en torno a la viabilidad de mantener el modelo actual o avanzar hacia una reforma que garantice un acceso más equitativo al recurso. Mientras esa discusión continúa, los datos revelan una constante: en México, el acceso al agua sigue estando profundamente vinculado al poder.
