- El Partido del Trabajo sepultó ayer la revocación planteada en el ‘Plan B’ de reforma electoral que propuso la presidenta de México.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos que sepultaron la revocación de mandato tenían el temor de perder votos si la presidenta estaba en la boleta en 2027, consideró Claudia Sheinbaum.
“Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que, si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros.
“Eso es lo que ellos decían, desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor”, comentó.
En la conferencia mañanera, la mandataria federal señaló que la propuesta no pretendió tener la revocación de mandato en 2027.
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“No es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero.
“Es decir, en la elección concurrente o en el siguiente año. Y no es obligatoria la revocación de mandato, tiene que solicitarse con firmas, esa parte no fue aprobada.
El Partido del Trabajo sepultó ayer la revocación de mandato proyectada en el Plan B de reforma electoral, que propuso la presidenta.
A mano alzada, el pleno de la Cámara de Senadores avaló desechar el planteamiento que abría la posibilidad a que la mandataria apareciera en la boleta en las elecciones de 2027 y que promoviera el voto a su favor.
La iniciativa se avaló con 87 votos a favor de Morena, PVEM y PT y 41 en contra de la oposición, aunque sin el corazón de la reforma electoral propuesta por Sheinbaum Pardo.
Únicamente con las disposiciones que incluyen un tope de 15 regidurías y que los presupuestos de los congresos no excedan el 0.70 por ciento del gasto anual de los estados.
Además, la eliminación de los seguros de vida y bonos para consejeros del Instituto Nacional Electoral, magistrados y funcionarios en los Oples, así como una reducción progresiva de 15 por ciento al gasto del Senado de la República.
