- La Semarnat negó que el gobierno de México haya ‘confiscado’ activos de la empresa Vulcan Materials.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La confrontación entre el gobierno de México y la empresa estadounidense Vulcan Materials escaló al terreno político internacional, luego de que congresistas republicanos acusaran una supuesta ‘confiscación’ de activos en Quintana Roo, señalamiento que fue desmentido categóricamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En un posicionamiento oficial, la dependencia federal aclaró que no existe expropiación ni despojo alguno, sino una restricción legal a la actividad extractiva derivada de la declaratoria de Área Natural Protegida ‘Felipe Carrillo Puerto’. Los terrenos, incluida la terminal marítima de la empresa, siguen siendo propiedad de Vulcan Materials, lo que contradice directamente la narrativa impulsada desde el Congreso estadounidense.
La reacción de legisladores republicanos —quienes incluso promovieron sanciones contra embarcaciones que utilicen puertos supuestamente ‘confiscados’— evidencia, según el propio gobierno mexicano, una interpretación incompleta o errónea del caso, al equiparar una medida ambiental con una expropiación. Esta lectura ha sido utilizada para presionar diplomáticamente a México, en defensa de los intereses de la compañía.
El fondo del conflicto radica en la decisión del Estado mexicano de prohibir la extracción de material pétreo en la zona, tras considerar los daños ambientales en cenotes y acuíferos de la región. La creación del área protegida en 2024 formalizó esta restricción bajo el marco jurídico nacional, una facultad soberana que, insiste Semarnat, no vulnera acuerdos internacionales ni derechos de propiedad.
Sin embargo, la respuesta desde Washington ha incorporado elementos políticos y estratégicos que van más allá del ámbito ambiental. Algunos congresistas han advertido sobre el impacto en la confianza de inversionistas y han vinculado el caso con temas de seguridad regional, lo que ha elevado el tono del diferendo.
Para el gobierno mexicano, estas posturas reflejan una defensa alineada con intereses corporativos más que con un análisis integral del caso, al omitir que la empresa mantiene la titularidad de sus activos y que existe un diálogo abierto entre ambas partes.
Por este conflicto Vulcan Materials reclama daños por 1, 500 millones de dólares y promovió un arbitraje internacional ante el CIADI. La empresa ha presentado varios recursos legales, incluyendo un amparo contra la declaratoria de ANP, pero han sido rechazados por los tribunales.
*Con información de Agencia Reforma
