- Con el voto en contra de la Oposición, Morena y sus aliados aprobaron en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral el llamado Plan B electoral.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto en contra de la Oposición, Morena y sus aliados aprobaron en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral el llamado Plan B electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual sería discutido hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados.
El proyecto topa en 15 el número de regidurías en los Ayuntamientos y plantea que los recursos anuales de los Congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Agrega que las remuneraciones de consejeros electorales, Magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del Instituto Nacional Electoral (INE), organismos electorales y Tribunales Electorales locales no podrán ganar más que la persona titular de la Presidencia.
Tampoco podrán adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro que no estén previstos por la ley.
Señala que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los siguientes cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto su presupuesto de 2026 y agrega que los ahorros derivados de las reformas en materia de Ayuntamientos y Congresos locales se quedarán en las haciendas de los municipios y de los estados y deberán ser destinados a obras de infraestructura pública.
El proyecto fue avalado con 60 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y 13 en contra de las bancadas de PAN y PRI.
Durante el debate, el PT y el PVEM adelantaron que acompañarán la reforma, porque responde a una lógica de austeridad, mientras que la Oposición lamentó que se perdiera la oportunidad de realizar una verdadera reforma electoral que sancionara la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la violencia política y la sobrerrepresentación.
La petista Lilia Aguilar dijo que establecer un tope salarial a los integrantes del INE, los OPLES y los Tribunales Electorales obedece a una norma que ya se reformó y que establece que nadie podía ganar más que el titular del Ejecutivo federal, pero que era obviada por los órganos electorales.
La pevemista Ana Erika Santana afirmó que la propuesta responde a una exigencia legítima de la ciudadanía y su bancada la respaldará porque coincide con una visión de Estado donde la austeridad, la equidad y la transparencia son compromisos con la gente.
La panista Noemí Luna advirtió que el llamado Plan B son las ruinas y lo que quedó de la intención de hacer una reforma electoral, aunque celebró que sea así, porque hace menos daño al País.
Calificó como una tragedia que el Congreso perdiera la oportunidad histórica de fortalecer el sistema electoral, de blindarlo del crimen organizado, de legislar en materia de sobrerregulación y rechazó que las modificaciones generen ahorros, porque sólo la mitad de los Congresos locales tienen recursos superiores al 0.70 por ciento del presupuesto estatal.
