Zósimo Camacho
Este 6 de abril, la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, amaneció ensangrentada. Pasadas las siete, cuatro hombres que trabajaban la tierra, que levantaban paredes y que también construían justicia, fueron acribillados por hombres armados que viajaban en una camioneta blanca, blindada.
Los nombres de las víctimas son: Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario. Eran originarios de Tula, una de las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), y formaban parte del sistema de justicia de la Montaña Baja de Guerrero. Eran policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores. Además de albañiles, eran defensores de la vida, de la tierra y del territorio. Y también, por si hiciera falta decirlo, eran seres humanos, indígenas nahuas, cuyo único delito fue resistir.
Se trata de muertes anunciadas. En este mismo espacio, hace unas semanas, dimos cuenta de las amenazas, ahora cumplidas, de Los Ardillos contra defensores comunitarios. Y cabe señalar que, en 2022, en ese mismo territorio, esa organización criminal ya había asesinado a Guillermo Hilario Morales, promotor del Cipog-EZ y tío de las ahora víctimas Bernardino y Ernesto Hilario Ocotlán.
El ciclo de exterminio no se ha detenido: se ha repetido con la misma saña, con la misma impunidad y, lo más grave, con la misma mirada indiferente del Estado mexicano. El dato es escalofriante y debería bastar para remover cualquier conciencia: en el crucero del Jagüey, a menos de 15 minutos de Xicotlán, aproximadamente a un kilómetro de distancia, hay un cuartel del Ejército Mexicano. Por ahí cruzó la camioneta blindada con hombres armados. Por el mismo lugar salió después de perpetrar los asesinatos. El Ejército no vio nada, como tampoco vio nada en los otros 67 asesinatos de integrantes del Cipog-EZ a manos de Los Ardillos, registrados de 2018 a la fecha. ¿Negligencia o una política de “no intervención” que roza la complicidad? ¿Se sigue reproduciendo el discurso de “problemas intercomunitarios” para encubrir a un grupo criminal?
Llegan los ministeriales, se da parte a la Fiscalía, se enteran la gobernadora y el gobierno federal. Y no pasa nada. No hay responsables. Nunca avanzan las investigaciones. Y, con desesperanza, se puede anticipar que igual pasará con estas cuatro víctimas. ¿La muerte y el sufrimiento son el destino inevitable de las comunidades del Cipog-EZ?
Isaías Morales Lucas, uno de los asesinados, fue promotor del Cipog-EZ. Durante dos años, su comunidad solicitó para él la inscripción en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Le fue negado. Hoy ya no está. En noviembre de 2022, en una protesta que él encabezaba, una lona llevaba una frase desesperada: “Nos están asesinando frente a la indiferencia del gobierno”. Esa frase sigue vigente. Las autoridades de los tres niveles de gobierno miran hacia otro lado.
Las administraciones cambian de siglas y rostros, pero la impunidad permanece. Bernardo Ortega, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es hermano de Celso e Iván Ortega, líderes de Los Ardillos. En regiones completas, la red criminal entre la clase política guerrerense y el narco-paramilitarismo se funde hasta perder las diferencias: presidentes municipales, policías municipales, estatales, ministeriales, todos al servicio del cártel.
Celso Ortega, el mismo líder criminal, aparece en un video con la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, expresidenta municipal de Chilpancingo. Ambos personajes, en julio de 2023 fueron captados cuando la política le preguntaba al “buscado por la justicia” cómo podía ayudarle. El Movimiento Regeneración Nacional retiró por unos meses los derechos políticos a su afiliada. Ya está de vuelta, como si nada hubiera pasado. Y a la actual presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, la priísta Mercedes Carballo Chino, se le vincula familiarmente con los líderes de Los Ardillos.
Mientras tanto, en el territorio, el grupo criminal extorsiona, “cobra piso”, secuestra, asesina, tortura, desaparece, quema negocios y transporte público, obliga a la población a realizar bloqueos carreteros, siembra, procesa y vende drogas. Todo con total impunidad y con la protección activa o pasiva de integrantes de los tres niveles de gobierno.
Ante tal nivel de violencia e impunidad, queda claro que hay responsabilidades, al menos por omisión, de los gobiernos municipales de la región y del estatal, que encabezan Evelyn Salgado, como titular del Poder Ejecutivo, y Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo político y Social. Y claro, del gobierno federal, encargado de combatir la delincuencia organizada. Es momento de que con seriedad se atienda la consigna inequívoca del Cipog-EZ desde hace años: “¡Nos siguen asesinando y ustedes nos siguen ignorando!”.
En amplias zonas de la Montaña Baja de Guerrero gobiernan Los Ardillos. La sangre de Isaías, Bernardino, Ernesto e Isacar es una muestra más. Los pueblos no piden venganza. Piden que la indiferencia cese. ¿Será mucho pedir a una sociedad y a un gobierno que asegura priorizar a los pobres? Recordemos que los cárteles en Guerrero no sólo delinquen: históricamente tienen la tarea de combatir el activismo político y realizar acciones de contrainsurgencia. ¿Siguen en lo mismo? ¿Ahora para quién?
