- El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, cumplió este 15 de abril la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de lavado de dinero.
JORGE GONZÁLEZ
CIUDAD DE MÉXICO.- El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, cumplió este 15 de abril la sentencia de nueve años de prisión que le fue impuesta por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Sin embargo, no podrá recuperar su libertad debido a que enfrenta un nuevo proceso penal por el delito de peculado.
De acuerdo con información judicial, Duarte de Ochoa permanece recluido en el Reclusorio Norte bajo la medida de prisión preventiva, derivada de su vinculación a proceso en febrero de este año por presunto desvío de recursos públicos del sector salud durante 2012.
La acusación, impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR), señala un posible desvío de al menos cinco millones de pesos; en caso de ser encontrado culpable, el ex mandatario podría enfrentar una pena que alcanzaría hasta 21 años de prisión.
Autoridades judiciales establecieron que la investigación complementaria del caso se extenderá hasta agosto de 2026, periodo en el que se deberán recabar y presentar los elementos de prueba antes de avanzar a una eventual etapa de juicio.
Por su parte, la defensa del ex gobernador promovió recursos legales para impugnar la vinculación a proceso, e incluso obtuvo una suspensión que podría incidir en el desarrollo del procedimiento, aunque hasta ahora no ha modificado su situación de reclusión.
El caso de Javier Duarte se remonta a su detención en 2017 en Guatemala y su posterior extradición a México.
En 2018, el ex mandatario se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado, lo que derivó en una sentencia reducida frente a las acusaciones iniciales.
A pesar de haber cumplido la condena por esos delitos, la apertura de nuevos procesos mantiene vigente su situación jurídica y lo obliga a permanecer en prisión.
El delito de peculado está relacionado con el uso indebido de recursos públicos por parte de servidores públicos.
En México, este tipo de conductas forma parte de los principales ejes de combate a la corrupción, particularmente en casos de alto perfil vinculados con administraciones estatales.
La continuidad del proceso contra el ex gobernador ocurre en un contexto en el que distintas instancias federales han reiterado la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y sancionar el desvío de recursos públicos, especialmente en sectores sensibles como el de la salud.
Con este nuevo proceso, el futuro legal de Duarte de Ochoa dependerá de las resoluciones judiciales en curso, lo que podría prolongar su permanencia en prisión más allá de la sentencia que ya cumplió.
