José Réyez
Mientras el gobierno federal presume de estrategias de seguridad, un análisis exhaustivo de los datos oficiales del 2024 revela una realidad estructural devastadora.
El 93% de los delitos nunca se denuncian, y de los pocos que logran entrar al sistema, nueve de cada diez casos quedan atrapados en un laberinto burocrático sin salida.
Elaborado por México Evalúa, el informe no sólo confirma la magnitud de la crisis, sino que señala con precisión quirúrgica dónde se rompe la cadena de justicia en el país.
Antes de que un delincuente sea capturado o una víctima reciba reparación, existe un primer filtro que condena al fracaso a todo el sistema.
La desconfianza ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 93.2% de los delitos cometidos en México durante 2024 no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación.
Esto significa que, de cada 10 delitos, sólo uno logra cruzar el umbral de las fiscalías.
El informe destaca que la verdadera entrada al sistema deberían ser los casi 9 millones de llamadas de emergencia al 911 y 089 relacionadas con incidentes de seguridad.
Sin embargo, este flujo de información se pierde en un vacío institucional. Mientras que en países como Estados Unidos o Reino Unido la policía actúa como la puerta de entrada formal al sistema penal, en México esas llamadas rara vez se convierten en carpetas de investigación.
“Acumular en la cifra oculta las denuncias policiales porque no han dado lugar a un procedimiento formal ante las fiscalías refleja la falta de coordinación entre estas instituciones”, explica el reporte.
México Evalúa muestra la desarticulación: mientras el Estado de México recibe 661,679 llamadas de emergencia, abre 362,279 carpetas; en Nuevo León, la proporción es de 713,261 llamadas por apenas 84,812 carpetas.
Yucatán es el extremo: 258,025 llamadas se convierten en sólo 4,147 investigaciones. La policía sabe, pero la fiscalía no actúa.
El estudio utiliza una herramienta analítica denominada “flujo procesal” o “tubería”, que permite visualizar cómo los casos van perdiéndose a lo largo de las etapas del proceso penal. El resultado es un embudo que deja fuera a la mayoría de los delitos.
De los más de 2 millones de denuncias formales que sí logran ingresar a las fiscalías, se inician carpetas de investigación en el 93.8% de los casos.
Sin embargo, el principal cuello de botella aparece de inmediato: el 59.75% de estas carpetas se inician sin detenido, es decir, sin que exista una persona imputada identificada.
Esto refleja una incapacidad estructural de las autoridades para realizar investigaciones mínimas que permitan identificar a los responsables.
La situación se agrava cuando se analiza la “determinación ministerial”. De los 4.1 millones de casos que las fiscalías tenían acumulados entre nuevas carpetas y pendientes de años anteriores, sólo el 33.77% tuvo una determinación.
Y de esas determinaciones, la respuesta más recurrente (49.99%) es el Archivo Temporal, una figura legal que, en la práctica, significa que la investigación se suspende indefinidamente, dejando el caso en el limbo sin cerrarlo formalmente.
“El archivo temporal constituye un estancamiento importante que implica impunidad”, advierte el reporte.
El resultado es un rezago explosivo: entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron, pasando de 1.3 millones a 2.6 millones. Los casos se acumulan sin que el Estado ofrezca una respuesta.
La ENVIPE no sólo mide cuántos delitos no se denuncian, sino por qué. Las razones que dan las víctimas son un catálogo de las fallas del sistema:
El 34.62% considera que denunciar es una pérdida de tiempo, mientras que el 14% carece de confianza en la autoridad. A estas cifras se suma la percepción de corrupción: el 69% de la población que identifica a los jueces cree que están corruptos, y el 62.9% piensa lo mismo de las fiscalías estatales.
El costo de denunciar es alto. El 33.7% de quienes se atreven a hacerlo tardan cuatro horas o más en el Ministerio Público. Para una madre trabajadora o un empleado, ese tiempo es un lujo que no pueden permitirse.
En contraste, países como Reino Unido y Estados Unidos han reducido su cifra oculta (62% y 52% respectivamente) al simplificar los procesos de denuncia, permitiendo reportes en línea o telefónicos y, sobre todo, dándoles validez legal.
