Rodolfo El Negro Montes
La captura en Buenos Aires del contralmirante Fernando Farías Laguna no es sólo un éxito de la Interpol; es la confirmación de una herida supurante en el corazón de la Secretaría de Marina (Semar).
Prófugo desde agosto del año pasado, Farías Laguna fue hallado con documentos falsos, intentando borrar un rastro que conduce directamente a las aduanas mexicanas y a una red de corrupción que parece tener apellido y linaje.
Pero Fernando no operaba en el vacío. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya duerme tras las rejas desde hace meses.
A estos personajes, conocidos en los pasillos de la Armada como “Los Primos”, se les acusa de orquestar el llamado “robo del siglo”: una red de huachicol fiscal que importaba combustible desde Texas declarándolo como aceites y lubricantes para evadir el IEPS.
Se estima que el drenaje al erario supera los 600 mil millones de pesos.
Lo que vuelve este caso un polvorín político es el parentesco. Ambos marinos son sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina bajo cuya administración se les entregó el control de puertos estratégicos como Altamira y Tampico.
¿Negligencia o complicidad?
Esa es la pregunta que flota en el aire mientras las investigaciones revelan que incluso un contralmirante que intentó denunciar esta red terminó asesinado.
El escenario para Ojeda Durán se oscurece más allá de nuestras fronteras.
Mientras en México se le cuestiona por el combustible, en Estados Unidos, agencias como la DEA y el Departamento de Justicia tienen la lupa puesta sobre las aduanas que él mismo militarizó.
El flujo incesante de precursores químicos y fentanilo que entra por los puertos controlados por la Marina ha generado una presión sin precedentes desde Washington. Tanto es así que quien escribe estas líneas lo denunció frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras y frente al mismo Rafael Ojeda Durán.
Por eso, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, la Fiscalía General de la República tiene herramientas claras para sentar a Rafael Ojeda en el banquillo:
- Artículo 360: Obligación de testificar. Al haber sido el superior jerárquico directo y tener un vínculo de parentesco con los principales operadores de la red, su testimonio es indispensable para esclarecer la cadena de mando.
- Artículo 212: El deber de investigar. Si existen indicios de que Ojeda Durán tuvo conocimiento de las operaciones de sus sobrinos y no actuó, la FGR podría fincar responsabilidades por omisión, lo que lo convertiría en presunto implicado dentro de la red de protección.
La justicia argentina ha dejado claro que su país no es refugio de criminales. México debe demostrar ahora que la Semar no es refugio de la impunidad familiar”.
El escenario más temido para el exsecretario es una orden de comparecencia en una Corte Federal de Estados Unidos, bajo el principio de responsabilidad de mando y las leyes de conspiración internacional, la justicia estadounidense podría llamarlo a cuentas si se demuestra que la red de sus sobrinos facilitó, mediante sobornos en aduanas, el trasiego de fentanilo hacia el norte.
En este juego de espejos, los Farías Laguna podrían ser los “peces gordos” que entreguen la cabeza de un tiburón mayor para salvar la propia.
La pregunta no es si habrá justicia, sino hasta dónde llegará el hilo de esta madeja familiar.
