- La fiscalía estatal solicitó respeto al debido proceso, ante los señalamientos por presuntos narconexos de Dámaso Castro Saavedra.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa solicitó respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, tras los señalamientos por presuntos narconexos emitidos por el gobierno de Estados Unidos contra diversos funcionarios estatales, incluido su vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.
La institución subrayó que cualquier solicitud vinculada a estas acusaciones debe ajustarse a la Constitución mexicana, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes.
“En el ámbito nacional, cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido”, apuntó.
A través de un comunicado, refirió que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la procedencia legal de dichas solicitudes basándose en datos de prueba.
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“En México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”, estableció el órgano de justicia local.
“Asimismo, toda actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse con estricto apego al debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional”, añadió.
La postura surge luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificara una acusación que incluye a Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal sinaloense desde octubre de 2021.
Las autoridades estadounidenses imputan a Castro Saavedra los cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
El funcionario es acusado de recibir aproximadamente 11 mil dólares mensuales de la facción de “Los Chapitos” para brindarles protección e informarles sobre operativos policiales.
La justicia de Estados Unidos advirtió que, de ser hallado culpable, el vicefiscal enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
El expediente judicial también involucra al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, así como a otros funcionarios en activo y retirados, en una red de complicidad con el Cártel de Sinaloa.
