- El freno al proyecto “Perfect Day” en Quintana Roo podría marcar un precedente para endurecer la revisión de desarrollos inmobiliarios en la costa de Yucatán.
CECILIA VERÁSTEGUI
MÉRIDA, YUC.- La firme postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al freno del polémico megaproyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, sienta un precedente directo para toda la Península de Yucatán.
Al instruir a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un análisis riguroso y adelantar que “no se hará nada que ponga en riesgo el equilibrio ecológico”, se abre la puerta para revisar con lupa diversos proyectos en la costa de Yucatán que enfrentan condiciones de vulnerabilidad similares.
La costa yucateca padece una fuerte presión por el llamado “boom inmobiliario” y de infraestructura vacacional, lo que ha derivado en la suspensión, clausura o resistencia social de varios casos emblemáticos.
Estos proyectos podrían seguir la misma suerte de freno total o reubicación bajo el actual criterio federal, en donde uno de los puntos más críticos de la costa yucateca es la destrucción de la duna costera por la construcción de complejos de departamentos y condominios de lujo a pie de playa.
Muchos de estos desarrollos bloquean de forma ilegal los accesos públicos al mar y sepultan la vegetación de la duna, la cual funciona como la barrera natural contra huracanes y la erosión de las playas.
Autoridades municipales y federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han efectuado clausuras en zonas que limitan entre Yobaín y Dzilam de Bravo por carecer de permisos de uso de suelo y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), afectando severamente ecosistemas de playa.
Aunque no están estrictamente pegados al mar, los desarrollos inmobiliarios que se expanden hacia la costa norte desde Mérida han encendido las alarmas federales por el despojo de tierras ejidales y la deforestación de la selva baja.
Comunidades mayas organizadas e inspectores ambientales han denunciado a especuladores inmobiliarios que ofertan miles de hectáreas afectando zonas de recarga acuífera que alimentan directamente a los manglares de la costa.
Proyectos en esta zona y en el norte de Mérida (como el reciente caso de Savia Residencial en Xcunyá) han sido clausurados por remoción ilegal de vegetación nativa y daño a ecosistemas locales.
El crecimiento desordenado de infraestructura turística, muelles privados y bardas perimetrales en las ciénegas y zonas de humedales en Progreso y sus comisarías (Chuburná y Chelem) está bajo constante escrutinio.
La Profepa ha tenido que intervenir de manera total-temporal en predios costeros donde se detectó la remoción ilegal de especies protegidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, como el mangle negro, blanco y rojo.
Al igual que en Quintana Roo, los humedales y manglares de Yucatán gozan de la máxima protección legal bajo el Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa).
Cualquier obra habitacional o turística que estrangule el flujo hidrológico de la ciénega está destinada a ser frenada bajo la política actual.
Yucatán cuenta con reservas bioculturales e hidrológicas de enorme importancia en su litoral, como la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Ría Lagartos y el Parque Estatal El Palmar.
Permanentemente existen intenciones de desarrolladores para construir complejos hoteleros “ecológicos” o de baja densidad dentro de las zonas de amortiguamiento de las reservas.
Sin embargo, la introducción de especies exóticas (como palmeras de coco no nativas), excavaciones cerca de cenotes costeros y el manejo deficiente de aguas residuales ponen en riesgo los ecosistemas de playas y el hábitat del flamenco rosado.
El mensaje emitido desde Palacio Nacional debilita la posición de los desarrolladores que solían construir primero y regularizarse después mediante multas económicas.
El criterio aplicado a Mahahual deja en claro que si una obra de infraestructura —por más derrama económica que prometa— impacta sistemas arrecifales, dunas o humedales costeros, la orden federal será la negativa del proyecto o su reubicación forzosa.
