- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma legal para crear una comisión que evite candidatos ligados a la delincuencia organizada.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma para crear una comisión que impida la llegada de candidatos ligados a la delincuencia organizada.
La iniciativa busca dar herramientas a los partidos políticos para detectar riesgos antes de postular a sus abanderados.
La mandataria reconoció que, desde el inicio de su gobierno, han surgido distintos casos de autoridades locales presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo, vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla, esta propuesta venía en el plan A.
“Si se acuerdan hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país, ahí hablamos de democracia participativa y muchos temas que al no aprobarse el plan A ya no pudieron presentarse posteriormente”, afirmó.
“Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”.
La propuesta plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales y vinculada con autoridades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.
Durante la conferencia mañanera, la consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que la comisión se conformará en el Instituto Nacional Electoral (INE) y estará integrada por cinco consejeros electorales.
Los consejeros serán elegidos y votados por el Consejo General del INE, los cuales permanecerán tres años en funciones.
Esta instancia funcionará como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Los partidos políticos participarán de manera voluntaria y podrán entregar listas de aspirantes a candidaturas para su revisión.
Las dependencias no revelarán expedientes ni detalles de investigaciones y sólo informarán si existe o no un “riesgo razonable”; de ser así, se comunicará a los partidos que tomarán la decisión final de registrar o no la candidatura.
Los aspirantes tendrían que aceptar obligatoriamente ser evaluados por la comisión, cuyo todo el procedimiento sería confidencial y reservado pues la información de inteligencia tendría carácter reservado, para no afectar investigaciones ni el debido proceso.
Si durante las revisiones se detecta información relevante, las instituciones podrían continuar investigaciones o presentar denuncias.
La comisión comunicará a los partidos políticos si detectó o no riesgos sobre algún aspirante.
Esta instancia funcionará como enlace entre partidos políticos y autoridades de inteligencia y la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Igualmente, consultará información con el Centro Nacional de Inteligencia.
