- La suspensión provisional que exenta a Google de compartir información de sus usuarios con el SAT evidencia la urgencia de un marco jurídico sólido.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La suspensión provisional que exenta a Google de compartir información de sus usuarios con el SAT evidencia la urgencia de un marco jurídico sólido que dé certeza a la economía digital y prevenga la evasión fiscal, afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
En un comunicado, el legislador señaló que el acelerado crecimiento del comercio electrónico plantea desafíos globales para las administraciones tributarias, especialmente en actividades transfronterizas que generan ingresos significativos sin los mecanismos tradicionales de fiscalización.
Grupo REFORMA publicó ayer que la suspensión fue concedida el pasado 4 de junio como parte de un amparo promovido por Google LLC y Google Asia Pacific LTD. Las firmas cuestionan la constitucionalidad del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), al argumentar que la medida excede los alcances de la legislación vigente.
Dicho artículo, integrado en el Paquete Económico de 2026, fue diseñado por el Gobierno federal para acceder eficientemente a la información de prestadores de servicios digitales sin establecimiento en México que operan mediante aplicaciones, quienes están obligados a registrarse ante el SAT y retener el IVA a sus clientes.
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Al respecto, Ramírez Cuéllar subrayó que las reformas al CFF no buscan frenar la innovación ni el crecimiento tecnológico, sino asegurar que todas las actividades económicas contribuyan de manera justa al desarrollo nacional.
Anunció que las impugnaciones de la firma estadounidense y los criterios del Poder Judicial serán analizados en mesas de trabajo técnicas con especialistas y autoridades hacendarias para construir soluciones equilibradas.
“México tiene la oportunidad de consolidarse como una potencia regional en economía digital. Para lograrlo necesitamos instituciones fuertes, reglas claras y una legislación construida mediante el consenso (…) garantizando una competencia justa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, concluyó.
