- El Congreso de Veracruz aprobó la desincorporación y venta mediante subasta pública de 306 vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- El Congreso de Veracruz aprobó la desincorporación y venta mediante subasta pública de 306 vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, entre ellos patrullas, camionetas blindadas y motocicletas, con precios de salida que generaron cuestionamientos por su aparente subvaluación.
Entre los casos que más llamaron la atención se encuentran tres camionetas Chevrolet Suburban blindadas modelo 2013, valuadas en apenas 36 mil pesos cada una, así como patrullas Dodge Charger modelo 2012 con precios menores a 9 mil pesos por unidad y una motocicleta BMW modelo 2008 tasada en 3 mil 200 pesos.
La aprobación legislativa ocurrió este martes 23 de junio, luego de que los diputados avalaran que las unidades fueran clasificadas como bienes en desuso para su venta al mejor postor.
Los montos establecidos en el dictamen abrieron un debate sobre la metodología utilizada para fijar el valor de los vehículos, particularmente en el caso de las unidades con blindaje.
Su costo comercial suele ser significativamente mayor incluso cuando presentan desgaste por antigüedad o uso institucional.
En el mercado de autos seminuevos, una camioneta tipo Suburban de esos años puede alcanzar precios de varios cientos de miles de pesos, dependiendo de su estado mecánico, kilometraje y equipamiento.
En el caso de vehículos blindados, el valor puede incrementarse por el costo de cristales, refuerzos estructurales y nivel de protección balística.
Además de las Suburban blindadas, la lista incluye una Chevrolet Suburban modelo 2011 valuada en 18 mil pesos, una Ford Expedition XLT 2006 en 9 mil 400 pesos, así como una Ford F-150 XL Crew Cab 4×4 modelo 2012 con valor estimado de 9 mil pesos.
También figura una camioneta Dodge H-100 By Wagon modelo 2012, valuada en 8 mil pesos.
Durante la discusión legislativa, una de las principales preocupaciones se centró en la falta de detalles técnicos sobre las unidades blindadas.
El dictamen no precisa el nivel de blindaje, el estado de los materiales de protección ni el valor residual de componentes especializados, elementos que podrían influir de forma considerable en su avalúo.
Otro punto de controversia fue el criterio de depreciación utilizado en la valuación, que asume una pérdida prácticamente total del valor comercial después de cinco años de uso.
Legisladores y observadores señalaron que, aun cuando la depreciación de unidades oficiales es alta por su uso intensivo, ciertos vehículos conservan valor por refacciones, carrocería o equipamiento especializado.
La diputada Monserrat Ortega Ruiz advirtió además que la venta de vehículos de seguridad sin protocolos claros puede representar riesgos adicionales.
Señaló que, antes de ser subastadas, las unidades deben ser repintadas y despojadas de placas, insignias, escudos y elementos oficiales, para evitar que puedan ser utilizadas por particulares para simular operativos policiales o cometer ilícitos.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Congreso local ni la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz habían detallado públicamente la metodología técnica empleada para determinar los precios base de subasta.
El caso reabre el debate sobre la administración del patrimonio público en Veracruz, especialmente en procesos de desincorporación sin suficiente transparencia que pueden traducirse no sólo en posibles pérdidas para el erario, sino en riesgos operativos y de seguridad pública.
