- Entre 10 y 12 denuncias ha canalizado la Contraloría del Ayuntamiento durante el primer semestre del año ante la autoridad competente, además de otros cuatro o cinco casos remitidos directamente al Tribunal de Justicia Administrativa.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Entre 10 y 12 denuncias ha canalizado la Contraloría del Ayuntamiento durante el primer semestre del año ante la autoridad competente, además de otros cuatro o cinco casos remitidos directamente al Tribunal de Justicia Administrativa.
Hilario Gutiérrez Valasis, titular de la dependencia, explicó que el volumen es altamente variable, de tres a cinco denuncias por semana en algunas ocasiones, y semanas sin ningún reporte en otras.
Jornadas de atención ciudadana como la de este jueves resultan clave: la presencia de la presidenta municipal y de regidores, dijo, genera confianza entre los vecinos para presentar sus casos directamente.
Las áreas con mayor incidencia de señalamientos, apuntó, son aquellas con trato directo al ciudadano: Tránsito, Fiscalización, Comercio en Vía Pública, Desarrollo Urbano y, en menor medida, Tesorería.
Sobre este último punto, destacó que la digitalización de trámites y pagos —ya disponibles en línea— busca precisamente reducir los espacios de discrecionalidad que favorecen la corrupción.
En ese sentido, confirmó que ya integra expedientes contra dos elementos de seguridad pública señalados por presuntos actos de corrupción en las últimas dos semanas.
Un policía de Tránsito, exhibido en video en redes sociales, y un oficial de la Policía Turística, detectado mediante una revisión aleatoria de cámaras por presuntamente realizar cobros irregulares.
Abundó que el caso del policía de Tránsito —el más mediático de los dos— ya cuenta con una denuncia formal en proceso de desahogo.
El funcionario reveló que, contrario a lo que se difundió inicialmente, el elemento sí portaba su cámara corporal al momento de los hechos, por lo que la investigación avanza con ese material como evidencia.
Sobre el caso más reciente, ocurrido apenas hace unos días, el contralor indicó que ya solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana interponer la denuncia correspondiente, ya sea por la vía administrativa ante la propia Contraloría o por la vía penal ante la Fiscalía.
Gutiérrez Valasis detalló que, dependiendo de la gravedad de la falta, los casos pueden seguir dos caminos distintos.
Si se trata de una falta administrativa grave, el expediente se turna al Tribunal de Justicia Administrativa. Si el hecho tiene componente penal, corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o a la Fiscalía General resolverlo.
El funcionario subrayó que ambos procesos —el administrativo o penal y el de baja del servidor público— corren por separado.
La Contraloría no tiene facultad para determinar la destitución de un empleado, responsabilidad que recae en cada dependencia, aunque sí puede derivar en sanciones que van desde la inhabilitación hasta la reparación de daños o penas privativas de la libertad, según el caso.
