- Ferbel Norte: 120 millones en 89 contratos bajo la lupa.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque actualmente enfrenta una inhabilitación que le impide contratar con el Gobierno de Guanajuato hasta 2027, la empresa Ferbel Norte, S.A. de C.V. logró consolidarse durante más de una década como una de las proveedoras recurrentes de diversas dependencias públicas federales.
Información de registros oficiales muestra que entre 2011 y 2024 la compañía obtuvo 89 contratos cuyo monto conjunto supera los 120 millones de pesos, participando de forma constante en procesos de licitación y adjudicación.
Su cartera de clientes incluye instituciones de primer nivel como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Agricultura, entre otras.
Sin embargo, el historial de contrataciones contrasta con la situación jurídica que enfrenta la empresa. En 2024, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato la incorporó al padrón de proveedores sancionados tras determinar una infracción a la legislación en materia de adquisiciones. La medida permanecerá vigente hasta 2027.
Pese a esa restricción, documentos oficiales indican que Ferbel Norte ha continuado participando en concursos públicos convocados por distintas dependencias federales y estatales, presentando ofertas técnicas y económicas en procedimientos posteriores a la imposición de la sanción.
El propietario de la empresa, Fernando Beltrán, también mantiene vínculos comerciales con Casanova Rent y otras firmas relacionadas con los empresarios Carlos y Joaquín Echenique. En ese ámbito, Ferbel Norte presta servicios especializados de blindaje para unidades de arrendamiento, aunque en distintos procesos de contratación ambas compañías también han competido por los mismos contratos.
La situación adquiere mayor relevancia debido a que otras empresas vinculadas al grupo Casanova igualmente han sido objeto de inhabilitaciones administrativas, un escenario que ha llamado la atención de autoridades federales por la participación recurrente de estas compañías en el mercado de las contrataciones públicas.
