- Agua y Drenaje aprobó contratar un despacho para analizar la posible ilegalidad del pago del impuesto verde, en una sesión realizada sin representantes estatales.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- En una sesión extraordinaria inédita, realizada sin los dos representantes estatales, el Consejo de Administración de Agua y Drenaje aprobó por mayoría contratar un despacho para emitir una opinión jurídica sobre la posible ilegalidad del pago del impuesto verde.
La reunión fue realizada en línea el jueves pasado, sin que atendieran la convocatoria el Gobernador Samuel García, que preside el Consejo, ni Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad estatal y representante del Estado, confirmaron consejeros.
Agregaron que sí se conectaron a la reunión dos funcionarios de la paraestatal: un representante jurídico y el secretario técnico del Consejo.
Los consejeros que participaron en la sesión fueron los representantes del Congreso local, los municipios, la Canaco Monterrey, Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, Caintra y de los usuarios.
“Lo que se acordó”, confirmó ayer un consejero, “fue elegir al despacho que será el encargado de emitir una opinión sobre la procedencia del pago del impuesto verde por parte de Agua y Drenaje de Monterrey al Estado.
“En un plazo de un mes nos estarán dando la opinión sobre este caso y luego ya se verá lo que proceda”.
Afirmó que si el despacho -del que no se reveló el nombre- confirma que AyD no debe pagar impuestos verdes, se reclamará la devolución de lo pagado.
Otro consejero aseguró que nunca antes se había efectuado una sesión sin la participación de los funcionarios que integran el Consejo.
Agregó que, por ley, dos o más consejeros pueden convocar a una sesión extraordinaria, lo que se hizo porque aunque estaba previsto tratar el tema del despacho desde el 18 de junio, el Gobierno estatal aplazó indefinidamente la reunión.
El Congreso local aprobó el 13 de mayo una reforma para precisar que no deben pagar impuesto los organismos que por Ley estén exentos del pago de gravámenes, como AyD.
Pero el Ejecutivo vetó la reforma argumentando que no establece cómo compensar los recursos que dejarán de ingresar al Gobierno central por el no pago de los llamados “impuestos ecológicos”.
El 1 de junio, EL NORTE publicó que AyD ha entregado al Estado 4 mil 060 millones de pesos por impuesto verde, pese a que hay opiniones que aseguran que la ley exime a la paraestatal de este gravamen.
Estos cobros fueron creados por el Gobernador a finales del 2021 e implementados en 2022, y desde entonces han sido vistos como una medida recaudatoria sin beneficio real contra la contaminación.
Según las fuentes, de los seis consejeros asistentes, cinco votaron a favor de contratar al despacho y el otro se abstuvo.
