- Las investigaciones por presuntos desvíos durante el Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche han dejado una red de al menos 17 ex funcionarios.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las investigaciones por presuntos desvíos durante el Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche han dejado una red de al menos 17 ex funcionarios, operadores y particulares procesados, mientras la Fiscalía busca llevar al ex Gobernador priista ante un juez mediante una solicitud de desafuero.
Las cuatro carpetas judicializadas que sustentan la petición presentada ante la Cámara de Diputados involucran un presunto quebranto de 83 millones 508 mil pesos. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Moreno posibles responsabilidades por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Los expedientes corresponden a Plaza Colosio, Seguridad Pública, Comunicación Social y Mayavisión, y la Administración Portuaria Integral (Apicam). Se trata de hechos distintos que abarcan diversas áreas del gobierno estatal.
Plaza Colosio involucra a seis personas y operaciones por unos 18 millones de pesos; Seguridad Pública suma tres vinculados y un presunto quebranto de aproximadamente 27 millones; Comunicación Social y Mayavisión tiene tres procesados por cerca de 14 millones, y Apicam alcanza a cinco personas por unos 24 millones.
Aunque la dependencia no ha difundido la identidad de todos los vinculados, cinco personas han sido detenidas. Dos permanecen en prisión: Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante de empresas relacionadas con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de “Alito”, y Carlos Alberto Medina Hernández, ex titular de Comunicación Social.
Espinosa fue detenido el 10 de agosto en la Ciudad de México y trasladado a Campeche; Medina fue capturado al día siguiente.
Otros tres detenidos obtuvieron modificaciones a sus medidas cautelares. José Domingo Berzunza Espínola, ex secretario de Desarrollo Económico, fue detenido en febrero de 2025 por una investigación de unos 25 millones de pesos; posteriormente salió de prisión y continúa su proceso en libertad.
Walter Olivera Valladares, ex titular de la Unidad de Comunicación Social, fue detenido el 30 de marzo de 2025 en Mérida y vinculado por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades en una investigación por más de 16 millones de pesos. En mayo, un juez le permitió seguir el proceso en libertad con una garantía de 200 mil pesos.
Antonio Acosta Orlaineta, “El Pollo”, ex director administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, también fue detenido y vinculado. Por problemas de salud obtuvo una modificación de la medida cautelar y permanece bajo arresto domiciliario en Yucatán.
Al menos dos personas relacionadas con las investigaciones obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con las autoridades.
La Fiscalía Anticorrupción ratificó ante la Sección Instructora de San Lázaro la solicitud para retirarle la inmunidad procesal a Moreno y poder procesarlo por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Como senador y dirigente nacional del PRI, Moreno conserva fuero y no puede ser detenido por estas imputaciones mientras no se autorice su desafuero. La Sección Instructora mantiene abierto el expediente y prevé continuar su análisis en septiembre.
Moreno ha rechazado las acusaciones y sostiene que son parte de una persecución política impulsada por la administración de Layda Sansores.
