Rodolfo ‘El Negro’ Montes
Estamos a 23 días para que el Instituto Nacional Electoral dé el banderazo de inicio al proceso electoral de 2027 para renovar gubernaturas, congresos locales, la Cámara de Diputados y miles de alcaldías.
No es una parada de rutina; es la verdadera antesala de la sucesión presidencial de 2030.
Y a juzgar por la radiografía que se delinea en las regiones más violentas del país, no presenciaremos una competencia democrática de propuestas e ideologías, sino un despliegue de fuerza en el que el verdadero fiel de la balanza no vestirá chaleco partidista, sino chaleco táctico y armas de fuego de alto poder para imponerse como el Gran Elector.
En la mesa del poder regional, las cartas ya se están repartiendo. Desde las regidurías más modestas en los municipios de la Sierra Madre o la Costa Chica, hasta las presidencias municipales, las curules locales y los escaños del Congreso Federal, el sello de las organizaciones criminales se perfila como el filtro no oficial para ser candidato.
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Ya no se trata sólo de la entrega de fajos de billetes en efectivo para financiar campañas por debajo del agua. Eso quedó en el pasado. Hoy el control es territorial, absoluto y directo imponiendo su veto criminal, y quien no acate como ya ha sucedido, con balas y muerte.
Y así, varias serán las candidaturas que entrarán en competencia el aspirante del grupo rival.
Quien pretenda construir la ruta hacia la Sucesión Presidencial de 2030 tendrá que entender que el mapa del Congreso Federal y los gobiernos estatales que surjan de 2027 cargará con este estigma. Si las estructuras locales quedan bajo la nómina o el sometimiento de los grupos delictivos, la gobernabilidad del próximo sexenio se negociará en los territorios y no en las instituciones.
La sospecha de imposición que ya flota sobre 2027 no es una exageración periodística ni un recurso de la oposición; es la cruda realidad que se vive en los municipios donde los aspirantes políticos ya pagan “piso” electoral para poder caminar por las calles.
Si las dirigencias partidistas continúan volteando hacia otro lado y aceptando candidaturas impuestas con tal de conservar registros o alianzas, el 2027 no sólo definirá el equilibrio hacia el 2030: ratificará que en vastas regiones de México la democracia opera bajo el dictamen del narcotráfico.
