- Especialistas advierten que las decisiones del Estado que impacten a pueblos y comunidades indígenas deben considerar su participación efectiva, además de reconocer sus propias formas de organización, territorio y patrimonio cultural.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió un espacio de análisis sobre los alcances y desafíos del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en México, particularmente frente a decisiones legislativas y administrativas que pueden afectar sus territorios, recursos y formas de organización.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, académicos, juristas y especialistas participaron en el foro “Pueblos Indígenas y Libre Determinación: Debates y perspectivas”, organizado por el Máximo Tribunal en la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora.
Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de garantizar que las comunidades participen directamente en aquellas decisiones públicas que puedan modificar de manera significativa sus condiciones de vida.
Juan Carlos Morales López, director en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), señaló que no es posible tomar decisiones sobre los pueblos indígenas sin su participación.
Explicó que el derecho a la consulta tiene un carácter colectivo y se ejerce mediante las autoridades, instituciones y formas de organización de cada comunidad. Este principio, agregó, representa también una obligación para el Estado cuando pretende adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan generar afectaciones.
Durante el encuentro también se abordó la relación entre libre determinación, autonomía, territorio y protección de los recursos naturales.
José Gabriel Baeza Espejel, antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que distintas comunidades del país han avanzado en la reivindicación de su autonomía jurídica para gestionar y defender colectivamente su patrimonio cultural y recursos naturales frente a actores externos.
El especialista advirtió que no existe un modelo único aplicable a todos los pueblos originarios, debido a que cada comunidad cuenta con formas particulares de organización, por lo que consideró necesario ampliar la reflexión sobre los mecanismos para garantizar su libre determinación.
Analizan nueva legislación indígena
Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” de la Universidad Iberoamericana, destacó la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, actualmente sometida a consulta.
De acuerdo con la especialista, la propuesta representa un avance al reconocer no solamente la dimensión física del territorio, sino también su carácter cultural e inmaterial, bajo criterios vinculados con el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En materia educativa y de acceso a la justicia, Sandra Anchondo Pavón, doctora en Filosofía por la Universidad Panamericana, planteó que las diferencias culturales y lingüísticas pueden convertirse en obstáculos cuando autoridades, jueces o docentes carecen de herramientas para comprender conceptos propios de las comunidades.
Durante su participación sobre educación intercultural, sostuvo que los propios pueblos deben intervenir en la definición de aquello que consideran valioso preservar y transmitir a las siguientes generaciones.
El foro fue moderado por la diputada federal Irma Juan Carlos, secretaria de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y presidenta de la Comisión Bicameral para la Concordia y Pacificación en la LXVI Legislatura.
