- El proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Benito Juárez avanza en los ámbitos estatal y federal sin que se hayan registrado observaciones preliminares, informó la Contraloría Municipal.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Benito Juárez avanza en los ámbitos estatal y federal sin que se hayan registrado observaciones preliminares, informó la Contraloría Municipal.
Los entes fiscalizadores concentran sus trabajos en la auditoría de los ingresos locales y en la carga documental a la plataforma nacional.
El contralor municipal, Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis, detalló que la dependencia a su cargo se mantiene atenta a cualquier requerimiento de aclaración o acopio de información complementaria que soliciten los órganos de control.
“Ahorita es el acopio de información por parte de los entes fiscalizadores; de manera general ellos piden información, y donde detectan cosas que les llame la atención empiezan a requerir información adicional para aclarar cualquier duda que pueda tener el cuerpo de auditores”, expresó el funcionario.
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Las revisiones estatales por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) iniciaron tras la entrega formal del informe contable en el primer cuatrimestre del año.
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó en junio la inspección del ejercicio de los recursos federalizados.
Gutiérrez Valasis explicó que la Contraloría actúa como enlace técnico para coordinar la fiscalización de participaciones y aportaciones de los Ramos 28 y 33, así como de los fondos Fismun y Fortamun, entre otros temas que puedan requerir los auditores.
El proceso de auditoría abarca la comprobación del ciclo presupuestal —planeación, programación, presupuestación y ejecución del gasto—, la verificación del cobro de derechos e prediales conforme a los tabuladores legales y la supervisión técnica de las obras públicas para validar su calidad, plazos de ejecución y asignación financiera.
En caso de detectarse discrepancias, la autoridad fiscalizadora emite requerimientos con plazos de solventación de 15 a 20 días hábiles. De no subsanarse las inconsistencias dentro de dicho lapso, los expedientes pasan a las siguientes etapas procesales.
El contralor destacó que la administración municipal realiza un trabajo preventivo mediante el Programa Anual de Auditorías de la Contraloría (Pairbe), verificando la documentación soporte de pagos, contratos y pólizas tanto en dependencias centralizadas como en organismos descentralizados.
