- Para medir los efectos de un proyecto en toda una zona o región, cuando se trate de desarrollos inmobiliarios, obras de infraestructura u otras inversiones de gran escala.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al congreso una reforma para obligar a que los megaproyectos tengan una evaluación ambiental integral antes de iniciar, y no sean analizados como una suma de predios u obras aisladas.
La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que el objetivo es medir los efectos de un proyecto en toda una zona o región, en especial cuando se trate de desarrollos inmobiliarios, obras de infraestructura u otras inversiones de gran escala.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos, es decir, que aquellos que van a iniciar grandes proyectos hagan una evaluación estratégica ambiental previa al proyecto.
“Y que no se fragmenten en proyectos, que no se vean uno por uno cuando están abordando un cambio en una zona, en una región”, planteó Alicia Bárcena.
Durante la conferencia mañanera, la funcionaria federal explicó que la iniciativa busca actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en 1988.
Aunque la legislación vigente ya prevé evaluaciones de impacto ambiental para diversas obras y actividades, Bárcena Ibarra sostuvo que la reforma busca agregar una revisión estratégica para conocer el efecto completo de los grandes proyectos antes de que se ejecuten.
“Esta ley nos brinda nuevas herramientas, herramientas muy novedosas para atender los nuevos retos ambientales. Tiene, por ejemplo, un programa de restauración ecológica; estamos en la década de la restauración”, señaló.
La propuesta incorpora los temas de restauración, reparación y remediación ambiental, que no estaban incluidos en la ley original, de acuerdo con Bárcena Ibarra.
También considera el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
La secretaria sostuvo que la nueva legislación buscará dar certeza a las comunidades y a las empresas que inviertan en zonas donde existen conflictos ambientales.
Plantea además que la población tenga acceso a la información y pueda participar en las decisiones.
“Lo que estamos buscando es prevenir estos daños ambientales y también proteger los derechos de las personas y de las comunidades”, expuso.
Entre los principios de la reforma están prevenir antes que reparar, conservar y restaurar los ecosistemas y tomar decisiones con base en la ciencia.
La propuesta también prevé incorporar conocimientos de pueblos indígenas y comunidades.
El proyecto plantea ordenar el territorio frente a desarrollos inmobiliarios, sanear ríos, barrancas, playas y costas, y avanzar hacia una economía circular que reduzca la basura y aumente el reciclaje, además de medidas para proteger a defensores ambientales y al patrimonio biocultural.
“Antes hacíamos esto, conservábamos, preservábamos, pero sin la gente; hacíamos grandes reservas, sí, está perfecto, pero ahora lo hacemos con la participación de la gente”, afirmó.
La secretaria añadió que Semarnat prepara, por separado, una Ley de Bienestar Animal.
