- La presentación de los resultados del estudio DataCoparmex 2026/I, correspondiente al primer semestre del año, expuso un panorama complejo para el sector productivo de Quintana Roo en materia de costo regulatorio, transparencia e inseguridad.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La presentación de los resultados del estudio DataCoparmex 2026/I, correspondiente al primer semestre del año, expuso un panorama complejo para el sector productivo de Quintana Roo en materia de costo regulatorio, transparencia e inseguridad.
Desafortunadamente, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana, ubicó a Quintana Roo en las primeras posiciones nacionales de estas variantes.
De acuerdo con el informe de la Coparmex, el estado ocupó el primer lugar nacional en afectaciones para la realización de trámites gubernamentales, con 67.6 por ciento de menciones, así como en experiencias de corrupción registradas por el 50.0 por ciento de las empresas encuestadas.
Ambos indicadores superaron los promedios nacionales de 46.9 y 30.4 por ciento, respectivamente.
En el rubro de seguridad, 51.6 por ciento de los socios de la organización en la entidad reportó haber sido víctima de al menos un delito durante el último año, cifra que se colocó seis puntos por encima del indicador nacional de 45.6 por ciento y posicionó a Quintana Roo en el noveno sitio entre las 32 entidades federativas.
A pesar de los altos porcentajes registrados, el análisis longitudinal de la Coparmex muestra tendencias a la baja en la incidencia de estos indicadores en comparación con ejercicios anteriores.
En el ámbito de corrupción, el estado registró una disminución de 21.4 puntos porcentuales frente a 2025, cuando alcanzó 71.4 por ciento, colocándose además por debajo de 68.5 por ciento reportado en 2024.
En materia de victimización delictiva, el indicador descendió 1.6 puntos respecto al 53.2 por ciento observado el año previo, consolidando una trayectoria descendente en las mediciones comparables para el mismo periodo desde 2022.
Por su parte, la dificultad para concretar trámites se mantuvo en el mismo nivel que en 2025 (67.6 por ciento), aunque por debajo del pico máximo de 78.7 por ciento registrado en 2024.
No obstante, las reducciones observadas, la prevalencia de estos factores incide de forma directa en las expectativas de inversión del empresariado local; la disposición para realizar inversiones en la entidad se situó en un 18.7 por ciento, margen inferior al promedio nacional del 23.0 por ciento.
El estudio documentó 22.3 por ciento en la percepción de cumplimiento del gobierno estatal respecto a los compromisos de gestión asumidos con el sector productivo.
