POR KUKULKAN
CHRISTA PIKE tenía que morir el 30 de septiembre. Eso había decidido el Estado de Tennessee después de tres décadas de litigios por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995. Prepararon la cámara, colocaron las agujas y administraron dos dosis de pentobarbital. El pequeño inconveniente fue que Pike sobrevivió. La maquinaria creada para impartir la sanción definitiva terminó produciendo una pregunta bastante incómoda: ¿qué tan perfecto debe ser un Estado para arrogarse el derecho de cometer un error irreversible?
NO SE TRATA de convertir a Pike en víctima inocente. No lo es. Fue condenada por un crimen atroz y la madre de Colleen Slemmer lleva más de 30 años cargando una pérdida que ningún debate jurídico puede borrar. Precisamente por eso conviene separar justicia de espectáculo. Reconocer la atrocidad de un asesinato no obliga automáticamente a concluir que el Estado debe responder matando al asesino.
LA PENA de muerte suele venderse con una etiqueta irresistible: sirve de ejemplo. El problema aparece cuando alguien pide el comprobante. El National Research Council revisó los estudios disponibles sobre pena capital y homicidios y concluyó que la evidencia no permite establecer si las ejecuciones aumentan, disminuyen o no modifican las tasas de asesinato. Tampoco permite sostener que funcionen mejor como elemento disuasorio que alternativas como la cadena perpetua.
ES DECIR, llevamos décadas discutiendo sobre un castigo irreversible mientras su principal argumento práctico continúa sin certificado de eficacia. Para semejante medicina social, el prospecto resulta peculiar: efectos secundarios definitivos y beneficios preventivos sin demostrar.
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Y LUEGO está ese pequeño detalle llamado error humano. Desde 1973, al menos 203 personas condenadas a muerte en Estados Unidos han sido exoneradas, según el Death Penalty Information Center. No significa que 203 inocentes hayan sido ejecutados; significa algo quizá más incómodo: 203 personas llegaron suficientemente cerca de una sentencia irreversible antes de que el sistema reconociera que no debía matarlas.
CON PIKE ocurrió otra clase de falla. No se descubrió que fuera inocente: falló la ejecución. Sobrevivió a dos administraciones del fármaco, sufrió lesiones en los brazos y terminó hospitalizada. Tennessee suspendió después las ejecuciones restantes del año y ordenó revisar el procedimiento. Cuando hasta el gobierno que diseñó el protocolo considera necesario investigarlo, resulta difícil vender la ejecución como una operación rutinaria impecable.
LA IRONÍA es monumental. El Estado pretende demostrar toda su autoridad mediante la máxima expresión de poder sobre una persona: quitarle la vida. Pero si necesita hacerlo dos veces porque la primera salió mal, la demostración de fortaleza comienza a parecer ensayo general. Sus defensores mantienen un argumento que no puede despacharse con sarcasmos: hay crímenes cuya gravedad, sostienen, merece el máximo castigo.
PARA las familias de algunas víctimas, además, la ejecución representa justicia después de años de sufrimiento. Esa posición existe y merece ser reconocida. Lo que no puede confundirse es retribución con prevención. Una sociedad puede decidir que un criminal merece morir; asunto distinto es afirmar que matarlo hará que otros criminales dejen de matar.
Y AHÍ ESTÁ quizá la discusión verdadera. Las sociedades no sólo se definen por los delitos que castigan, sino por los límites que imponen a quien castiga. La pena de muerte puede sobrevivir en los códigos mucho tiempo después de que desaparezcan otras prácticas que alguna vez parecieron perfectamente normales. Christa Pike sobrevivió a una inyección diseñada para que no sobreviviera. Su caso no borra el asesinato de Colleen Slemmer, no la vuelve inocente ni cancela mágicamente su condena.
LO QUE SÍ consiguió fue exhibir, de manera brutalmente literal, la fragilidad de un mecanismo que presume ser definitivo. Y es que para encarcelar a alguien equivocadamente todavía existe una puerta que algún día puede abrirse. Para ejecutar a un inocente no hay apelación, indemnización ni comunicado oficial capaz de regresarlo. Y tal vez ésa sea la pregunta que queda después de que fallan las agujas: si una sociedad necesita demostrar sus valores quitando una vida, convendría primero demostrar que con ello está salvando alguna.
