Zósimo Camacho
Ya no se trata sólo de la ocupación de los órganos de gobierno de esta prestigiosa y entrañable casa de estudios ni del control del presupuesto –que en 2026 asciende a 3 mil 586 millones de pesos– o de la asignación discrecional de las becas y las promociones académicas. La toma de la institución entró en la fase del despojo y el reparto, como botín, de sus bienes.
Hoy, Chapingo está por ser despojada de 1 mil 640 hectáreas: toda la Estación Forestal Experimental de Zoquiapan, Estado de México. Y bajo amenaza de cierre, la sede de San Luis Acatlán, Guerrero; los Centros Regionales Académicos de Mérida, Yucatán, y de Zacatecas, Zacatecas, y la Unidad Regional Universitaria Sursureste, de San José Puyacatengo, Tabasco.
Mientras, la administración central de la Universidad Autónoma Chapingo impone adelantar cuatro meses las elecciones para la Rectoría, movimiento que al menos 3 mil estudiantes y profesores de todas las instancias rechazan y exigen al Consejo Universitario invalidar. La maniobra electoral pretende consumar la reelección de las actuales autoridades, encabezadas por Ángel Garduño García, antes de que, a fin de 2026, se conozcan los resultados de los manejos de las finanzas universitarias.
El Movimiento Antorchista Nacional, más conocido por su nombre de origen: Antorcha Campesina, es el grupo hegemónico en la institución y preponderante en el control de los órganos de gobierno universitarios. Rechaza estar detrás de los ejidatarios que han ocupado el predio. Lo cierto es que la acción de los invasores coincide con la inacción de la Universidad, que raya en la cesión dócil de su patrimonio.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
El 15 de octubre de 2025, pobladores de Río Frío ocuparon la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, en el municipio mexiquense de Ixtapaluca. Cerraron los accesos, introdujeron maquinaria pesada, instalaron hornos de carbón, cabañas y asentamientos ganaderos irregulares. El 15 de febrero de 2026, los invasores expulsaron a estudiantes con amenazas y machetes. Los alumnos siguieron ingresando por veredas alternas a fin de continuar con sus prácticas forestales. El 28 de mayo los estudiantes fueron expulsados definitivamente.
Desde entonces, maestros, alumnos y trabajadores de la Dirección de Ciencias Forestales (Dicifo) no pueden ingresar por riesgo de violencia. Todo ante la pasividad del gobierno estatal y el beneplácito de María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo del Estado de México.
Enrique Rubén Peña Mendoza, técnico forestal externo de Río Frío, es el encargado de elaborar planos y cartografías que pretenden justificar técnicamente la invasión y dar fachada legal al reclamo de los ocupantes. Peña Mendoza es egresado de la propia Chapingo, vinculado como estudiante a Antorcha Campesina, hoy amigo de autoridades y consejeros universitarios.
El predio, propiedad de la nación, fue asignado a la Universidad Autónoma Chapingo desde 1972. Ha sido uno de los baluartes de la institución para la docencia; la investigación básica y aplicada; la formación de profesionales forestales y ambientales, y la conservación de recursos naturales. La Universidad cuenta con los documentos que acreditan su legal posesión, entre ellos, el Acta de Entrega-Recepción de 1993; el Plano Certificado Indaabin de 2017, y la Cédula de Inventario-Registro Federal Inmobiliario de 2025. El propio Registro Agrario Nacional (RAN) ya confirmó que no existe sobreposición de tierras entre el ejido de Río Frío y la Universidad.
Si se cuenta con estos documentos, ¿por qué la pasividad de las autoridades de Chapingo y la falta de energía para demandar a los tres poderes y los tres niveles de gobierno la protección de su patrimonio? Resulta urgente que tanto el rector Ángel Garduño como el director de la Dicifo, David García Cíntora, informen qué gestiones han realizado para defender el predio.
El despojo de Zoquiapan no es un episodio aislado. Es el eslabón más visible de una estrategia de desmantelamiento territorial de la universidad. La sede de San Luis Acatlán, en Guerrero, sigue bajo amenaza de cierre. Los Centros Regionales Académicos de Mérida y Zacatecas, y la Unidad Regional Universitaria Sursureste de San José Puyacatengo, Tabasco, resisten con presupuestos recortados y sin certeza sobre su continuidad.
Por su parte, el Centro Regional de Yucatán sigue siendo acosado por la administración central, en especial por el rector Garduño y el director general académico Noé López, para que desaparezca. Allí, profesores y estudiantes elaboran una profunda reestructuración del Centro y de su principal programa, Ingeniería en Desarrollo Agroforestal, para presentarlo antes de que concluya octubre y que sea autorizado por el Consejo Universitario, con inicio en julio de 2027. Temen que se rechace con pretextos y justificaciones no académicas. Ese Centro ha mantenido durante 12 años la carrera al servicio de las comunidades y familias mayas y del sureste de la nación, con jóvenes incluso de otras regiones. Suman 92 los egresados que trabajan, casi todos y con espíritu crítico, al servicio de las familias y comunidades campesinas peninsulares y del país.
En paralelo, la resistencia al Movimiento Antorchista Nacional construye una candidatura única legítima universitaria, con quienes están hartos de que la organización caciquil controle la universidad. Chapingo se encuentra en una encrucijada definitiva sobre su proyecto educativo.
Antorcha Campesina, surgida como organización de izquierda “bolchevique” en 1974, pronto se convirtió en aliada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Incluso, se incorporó de manera orgánica a ese partido desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y puso sus estructuras, como grupos de choque, al servicio de los gobiernos federales hasta el sexenio de Peña Nieto. No descarta métodos porriles y violentos. Mantiene el culto a la personalidad de sus líderes, particularmente de Aquiles Córdova Morán.
El Movimiento Antorchista Nacional ha rechazado que ejerce control sobre la universidad y el rector. Califica de “disparate” tales denuncias. Pero no dice cuántos de sus “cuadros” ocupan cargos de dirección en la institución y son consejeros universitarios.
Otra muestra de los intereses que se agolpan en Chapingo es la que representa hoy la Fundación Chapingo, con sede al interior de la misma Universidad. Está encabezada por el mayor acaparador de tierras del país, según la investigación del RAN realizada el sexenio pasado: Antonino Almazán Arteaga.
Se trata del caso más descarado de la apropiación ilegal de tierras en todo México, con más de 5 mil parcelas en nueve ejidos del Sureste, que ha usado al menos seis CURP falsas para registrar sus propiedades. “Por la forma en que se desenvuelve y la cantidad de parcelas que ha acumulado con todo el descaro, este personaje es un hito de la corrupción y la impunidad”, señala el informe de 160 páginas, titulado Acaparamiento de Tierras de Propiedad Social en México.
La inacción de los gobiernos federal y estatal, a cargo de Morena, han animado las críticas por una supuesta alianza de este partido con Antorcha Campesina y quienes ocupan la Fundación Chapingo, concretada a través del hoy presidente del Senado, Higinio Martínez. La organización ha rechazado tal vínculo. Lo que queda claro es que, hasta el momento, los grupos tienen manos libres y la Universidad está por perder patrimonio.
Zoquiapan, San Luis Acatlán, Mérida, Zacatecas, Puyacatengo: cada sede amenazada es una pieza de un mismo proyecto que busca reducir a Chapingo a su campus central, despojada de su vocación nacional y de su vínculo con las regiones más pobres del país.
La comunidad de Chapingo ha resistido con dignidad y valentía. Sus profesores, estudiantes y trabajadores han documentado las agresiones, han construido alternativas académicas y han exigido transparencia. Quienes controlan la universidad y sus aliados externos apuestan al cansancio, a la dispersión, al olvido.
Chapingo es de México; sobre todo, de las familias campesinas, los ejidos, las comunidades agrarias, las colonias agrícolas. No es de Antorcha ni de los grupos que a su interior promueven intereses empresariales y políticos. Su defensa es una causa nacional. Por su historia y por sus comunidades estudiantil, académica y trabajadora, debe sacudirse los cacicazgos y prevalecer como la universidad formadora de profesionales de excelencia, con integridad y conciencia social, al servicio del campo.
