Cae red que suplantaba voz de ministros, gobernantes y funcionarios

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  • Luis Miranda Contreras, ex tesorero de Michoacán, y su familia habrían utilizado inteligencia artificial para imitar las voces de funcionarios y extorsionarlos mediante llamadas telefónicas.
STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Miranda Contreras, ex Tesorero del Gobierno de Michoacán, junto con su familia, montó un negocio criminal que usaba Inteligencia Artificial para imitar la voz de Ministros, Gobernadores, Alcaldes y hasta funcionarios de la Presidencia de la República para extorsionar vía telefónica.

La Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía del Estado de México detuvieron a la banda familiar integrada por el ex funcionario del gobierno de Fausto Vallejo (PRI), su esposa, sus dos hijos y un escolta.

Conforme la investigación, primero alguien llamaba haciéndose pasar por secretario particular de un funcionario de alto nivel. Después entraba en escena otro supuesto personaje que, con la voz clonada del funcionario, pedía dinero, contrataciones o que colocaran a determinadas personas en puestos públicos.

Las investigaciones también señalaron que los presuntos integrantes de la organización exigían pagos en efectivo y que algunas operaciones bancarias se realizaban mediante una empresa de arquitectura y construcción vinculada con una de las hijas de Luis Miranda.

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Todos fueron vinculados a proceso por extorsión y quedaron en prisión preventiva.

Según las indagatorias, el engaño y extorsión operaba desde 2021 y tenía como centro de operaciones una propiedad en Metepec, Estado de México, donde fue detenida la familia y fueron asegurados 19 celulares, decenas de tarjetas SIM y vehículos de lujo.

Miranda Contreras ha sido una fichita, pues arrastraba antecedentes en una investigación distinta por presunto peculado.

En 2017 fue detenido por un caso relacionado con pagos por 26.6 millones de pesos a proveedores que, según la entonces Procuraduría michoacana, no habrían prestado los servicios cobrados.

En 2018, una sala penal revocó el auto de formal prisión al considerar que no había elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso.

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