Analizan seguridad pública y derechos humanos desde la justicia constitucional

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  • Especialistas de la SCJN, la Universidad Iberoamericana y el INAP abordaron tráfico de armas, desapariciones, uso de la fuerza y evaluación de políticas de seguridad.
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de armas, la crisis de desapariciones, el uso de la fuerza y la necesidad de evaluar con mayor rigor las políticas de seguridad fueron algunos de los temas abordados durante la segunda sesión del seminario interinstitucional ‘La Justicia Constitucional de México frente a los desafíos de la Transformación del País’.

El encuentro, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Instituto Nacional de Administración Pública, estuvo dedicado al tema “Seguridad Pública e intersección con Derechos Humanos” y reunió a especialistas, autoridades e integrantes de la comunidad universitaria.

La ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz Ahlf centró su participación en el tráfico de armas de fuego y sus efectos sobre la seguridad, la gobernabilidad y el ejercicio de los derechos humanos.

Advirtió que la circulación de armamento fortalece la capacidad de operación de grupos delictivos y se relaciona con fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la extorsión.

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Ortiz Ahlf también destacó las repercusiones de la violencia armada en la vida cotidiana, particularmente en la seguridad de niñas y niños y en la posibilidad de que las comunidades desarrollen sus actividades sin temor.

Durante su exposición sostuvo que el derecho a la paz constituye una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos, por lo que planteó fortalecer la regulación y fiscalización de armas, mejorar sus mecanismos de identificación y trazabilidad y ampliar la cooperación internacional.

La ministra añadió que las personas juzgadoras tienen una función relevante en la protección de derechos humanos, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas frente a las actuaciones de las autoridades.

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Ariadna Salazar Quiñonez, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, abordó la relación entre seguridad ciudadana y protección de derechos fundamentales.

Señaló que la seguridad no debe limitarse a responder frente a hechos violentos, sino que también debe incluir prevención del delito, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

Entre los principales desafíos, Salazar Quiñonez mencionó la crisis de desapariciones, la reducción de los índices delictivos, el acceso efectivo a la justicia y la necesidad de mantener controles democráticos sobre el uso de la fuerza.

Consideró además que las políticas públicas deben prestar especial atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad y construirse con participación tanto de autoridades como de la sociedad.

Por su parte, Armando Hernández Cruz, titular del Centro de Derechos Humanos y Buen Gobierno del INAP, planteó que seguridad pública y derechos humanos no son objetivos contrapuestos.

Expuso que las políticas de seguridad deben colocar a las personas en el centro de las decisiones gubernamentales y sostuvo que la protección de los derechos no constituye un obstáculo para combatir la violencia.

Hernández Cruz advirtió que las libertades pierden efectividad cuando las personas no pueden ejercerlas debido al miedo o a condiciones persistentes de inseguridad.

En ese contexto, planteó que las estrategias de seguridad deben someterse a evaluaciones mediante métodos científicos e indicadores que permitan medir resultados, detectar fallas y modificar aquellas acciones que no respondan a las necesidades de la población.

La sesión concluyó con una ronda de preguntas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, quienes plantearon inquietudes a los ponentes sobre seguridad, derechos humanos y responsabilidades institucionales.

El seminario forma parte de una agenda conjunta entre la Suprema Corte, la Universidad Iberoamericana y el INAP orientada a discutir los efectos de los procesos de transformación del país sobre la justicia constitucional, la protección de derechos y la vida pública.

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