POR KUKULKAN
QUÉ BUENO que en Playa del Carmen decidieron enseñar maya a 35 servidores públicos. De verdad. Todo esfuerzo para que un ciudadano pueda llegar a una oficina de gobierno y explicar qué necesita sin recurrir a señas, sobrinos traductores o al ancestral método burocrático del “vuelva mañana” merece reconocimiento. El curso incluye saludos, pronombres, alfabeto y conjugaciones. Algo es algo.
EL DETALLE es que Quintana Roo no descubrió esta semana que existe el pueblo maya. La lengua tampoco acaba de llegar en el Tren Maya ni apareció como atractivo turístico para la próxima temporada. En 2020, el INEGI contabilizó 174 mil 817 personas que hablaban maya en la entidad; además, 7 mil 307 habitantes hablantes de alguna lengua indígena no hablaban ni pizca de español.
ASÍ QUE quizá la pregunta debería ser otra: ¿por qué seguimos capacitando funcionarios para hablar con los mayas en lugar de procurar que más mayas sean los funcionarios? Y es que una cosa es aprender a decir buenos días y otra bastante distinta explicar en maya cómo presentar una denuncia, recurrir una multa, solicitar una licencia comercial, tramitar un permiso, reclamar una obra pública o entender por qué un expediente duerme desde hace seis meses debajo de tres carpetas y una engrapadora.
PARA eso no basta el nivel básico. Y menos cuando hablamos de regiones donde la lengua maya no es una pieza de museo, sino un instrumento cotidiano de comunicación. Felipe Carrillo Puerto aparece históricamente entre los municipios con mayor población mayahablante y con una presencia importante de población que no domina el español. Uno supondría entonces que en esas oficinas sería lógico encontrar abogados, gestores, policías, fiscales, médicos, funcionarios y servidores públicos mayahablantes atendiendo a su propia comunidad.
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PERO la burocracia tiene soluciones maravillosas: primero contrata al que no habla maya y después le paga un curso para que lo aprenda. Es una especie de ingeniería administrativa inversa. La ironía se vuelve todavía mejor cada vez que la clase política presume un nuevo reconocimiento a la cultura ancestral.
ESTE 12 de octubre, Quintana Roo conmemoró el Día de la Nación Pluricultural con una ceremonia frente a Palacio de Gobierno. En representación del Ejecutivo estatal acudió Irazú Sarabia May, y el discurso oficial volvió a reconocer lenguas, tradiciones y conocimientos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Magnífico, aunque reconocer una lengua en el templete es bastante más sencillo que convertirla en un idioma efectivo de la administración pública.
INCLUSO ya conocemos incluso ceremonias para celebrar que la Constitución de Quintana Roo fue traducida al maya. El trabajo fue presentado desde 2019 y en 2020 un ejemplar llegó formalmente a la Cámara de Diputados con la participación del Gran Consejo Maya y del entonces diputado federal Luis Javier Alegre, ya finado. Mire usted qué prodigio: después de traducir la Constitución para que los mayas puedan conocer sus derechos, todavía necesitamos enseñarles maya a los funcionarios encargados de reconocerlos.
CASI parece chiste. No lo es. La traducción de leyes es necesaria. Los cursos también. El problema aparece cuando esos esfuerzos sustituyen, en vez de complementar, la presencia indígena dentro de las instituciones, porque la inclusión no debería significar únicamente que el servidor público mestizo aprenda cuatro conjugaciones antes de atender al campesino maya.
TAMBIÉN debería significar que ese campesino pueda encontrar detrás del escritorio a alguien que comparte su lengua, comprende su comunidad y conoce de primera mano los problemas que intenta explicar. No se trata de excluir a nadie por su origen, sino precisamente de abrir espacios que durante demasiado tiempo estuvieron cerrados. Quizá después de enseñar maya a la burocracia convendría dar el siguiente curso. Se podría llamar: “Cómo contratar mayas para atender a los mayas”. Ese sí podría ser avanzado.
