JOSÉ LUIS CARRILLO
Para entender la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conviene comenzar por su origen.
Sus antecedentes se encuentran en el proyecto de protección social de la etapa posrevolucionaria. En 1935, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, se planteó su creación. La institución se formalizó en 1943, con la promulgación de la Ley del Seguro Social durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho.
La imagen del IMSS buscó representar a una madre que protege a sus hijos: una expresión de solidaridad en un país que intentaba superar años de conflictos.
El propósito era garantizar atención médica digna y protección social a los trabajadores y sus familias. Hoy, con una plantilla cercana a los 500 mil empleados, la institución enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para cumplir esa misión.
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Las inconformidades por falta de medicamentos, atención deficiente y tiempos prolongados de espera han trascendido los canales habituales de queja. A ellas se suman manifestaciones de trabajadores en distintas ciudades, con demandas de materiales de curación e incrementos salariales cercanos al 10 por ciento.
Las reclamaciones de derechohabientes y empleados contrastan con las explicaciones del Gobierno federal. En ese escenario, también cabe preguntar cuál es la posición del sector patronal, que ocupa cuatro espacios en el Consejo del IMSS. Su silencio merece atención, aunque no basta para atribuirle complicidad.
El problema tiene varias dimensiones. Los anuncios de inversión para fortalecer al instituto deben traducirse en mejoras verificables: medicamentos disponibles, insumos suficientes y atención oportuna.
También existe una preocupación financiera que requiere examinarse con precisión. Afirmar que el IMSS está técnicamente quebrado exige sustento documental; no puede establecerse únicamente a partir de las deficiencias en sus servicios.
El envejecimiento de la población y la disminución de los nacimientos plantean desafíos para la seguridad social. En ese contexto, la posibilidad de que el instituto necesite recurrir a sus reservas financieras a partir de 2032 obliga a revisar las proyecciones y las condiciones bajo las cuales se produciría ese escenario.
Reducir las inconformidades a un “show mediático” tampoco permite comprender su alcance. Si la presidenta Claudia Sheinbaum realiza recorridos por las regiones con mayores quejas, la cuestión será qué respuestas concretas recibirán los pacientes y los trabajadores.
El conflicto tiene, además, una dimensión política. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, las deficiencias de una institución de esta importancia pueden convertirse en un tema central del debate público.
Dentro del IMSS también existen diferencias entre grupos sindicales. En ese escenario aparecen Rafael Olivos, señalado como dirigente sindical, y Eduardo Martínez, conocido como “El Vini”, a quien se atribuye respaldo entre jubilados y pensionados. El alcance de esa confrontación y su influencia en las protestas requieren distinguirse de las demandas legítimas de atención y condiciones laborales.
La gestión de Zoé Robledo queda bajo escrutinio. Sin embargo, las versiones sobre un eventual desplazamiento político hacia Chiapas deben diferenciarse de las decisiones oficiales.
¿Los recorridos de la presidenta marcarán un cambio en la atención del IMSS? ¿Tendrán consecuencias para la continuidad de Robledo?
Las respuestas deberán encontrarse en los resultados de la institución y en las decisiones del Gobierno, más allá de las disputas políticas.
