- El asesinato fue atribuido al CJNG por la confrontación que sostuvo con esa organización, confirmó la fiscalía de Michoacán, a un año del crimen.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscalía de Michoacán confirmó que el atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El asesinato fue atribuido a la confrontación que sostuvo el edil con esa organización, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, a un año del crimen.
El encargado del despacho y vicefiscal de Inteligencia, Israel Vega Rodríguez, aseguró que no hay indicios de que el homicidio tenga relación con la actividad política que tuvo el presidente municipal independiente.
Las evidencias, dijo, apuntan a su confrontación directa con la estructura del cártel en la región.
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Según la carpeta, la represalia se originó con la captura de René Belmontes Aguilar, “El Rhino” o “El Chamuco”, jefe de plaza del CJNG en Uruapan, el 27 de agosto de 2025.
Carlos Manzo lo exhibió e insultó en una transmisión en vivo en Facebook, que borró minutos después.
Como resultado de las pesquisas, la FGE contabiliza 34 detenidos, entre ellos el presunto autor intelectual y el responsable de planear y ordenar la ejecución. Al menos 29 ya están vinculados a proceso.
La investigación registra un avance de 90 por ciento, en la que suman 3 mil 500 actos de investigación, el análisis de mil 200 horas de video, 120 audiencias, 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información.
Para concluir la parte que corresponde al fuero común faltan dos diligencias. La primera es cumplimentar la orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, quien escapó del operativo en el que fueron capturados siete de sus guardaespaldas.
La segunda es obtener los dos teléfonos celulares del exalcalde, que permanecen en poder de su viuda y sucesora, Grecia Quiroz García.
En junio, el entonces fiscal Carlos Torres Piña, hoy con licencia, calificó su entrega como irrelevante para la investigación. Dos meses después, la FGE los pidió por tercera vez a Quiroz.
La alcaldesa respondió entonces que las acusaciones en su contra son una campaña política.
“Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha”, afirmó.
A finales de septiembre, Vega anunció un cuarto requerimiento con medidas de apremio. Advirtió que Quiroz podría hacerse acreedora a un arresto administrativo.
Explicó que los equipos son indispensables para peritajes forenses, entre ellos verificar si hubo alteraciones en la cuenta de WhatsApp del exedil.
El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla consideró imprudente detenerla por su calidad de víctima indirecta, aunque le pidió entregar los aparatos para despejar dudas.
El 7 de octubre, en la Cámara de Diputados se aseguró que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, le dijo que no tenía por qué entregarlos porque la federación ya tenía la información que necesitaba.
Juan Daniel Manzo, hermano del alcalde y subsecretario de Gobierno en la administración de Ramírez Bedolla, acusó a Quiroz y al Movimiento del Sombrero de obstruir las indagatorias.
Sostuvo que uno de los teléfonos estuvo en la escena del crimen y que, por indicaciones de la viuda, despojaron el cuerpo de su hermano para obtenerlo.
Él y Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, afirmaron que Quiroz pidió al jefe de escoltas tomar los teléfonos tras el ataque.
Méndez declaró además que García Rivero, despedido semanas antes del crimen, fue recontratado por Quiroz después del homicidio.
Con base en esos dichos, la FGE abrió diligencias en agosto para determinar si hubo una relación relevante entre la alcaldesa y el detenido.
Juan Manzo también ha acusado que el caso se volvió mercancía electoral rumbo a 2027.
Según su versión, el equipo de su hermano lo hizo regresar al punto del ataque cuando ya se retiraba, para tomarse fotografías.
