- Sin registro nacional, la orfandad por feminicidio sigue fuera de los expedientes; los conteos oficiales no pasan de unos miles, mientras organizaciones civiles calculan más de 23 mil en una década.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el escenario de un feminicidio, la población infantil que se queda en la orfandad no es identificada en la investigación o en el proceso como víctima indirecta, en donde ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el juez, preguntan si la mujer tenía hijos o hijas, coincidieron integrantes del Poder Judicial Federal (PJF).
Al participar en el curso virtual especializado ‘Tutela judicial reforzada para niñas, niños y adolescentes de orfandad por feminicidio’, tanto integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deliberaron sobre la búsqueda de mecanismos para que juezas y jueces federales reconozcan a estas infancias como víctimas con derechos propios: a la representación, al cuidado, a la protección y a la reparación integral del daño.
El reto es mayúsculo, ya que a más de cinco años de que se presentó un protocolo nacional para atenderlas, México no tiene un registro oficial que diga cuántas niñas, niños y adolescentes han perdido a su madre por feminicidio, ni dónde están. Las cifras disponibles van de unos cientos, en los conteos de las instituciones, a más de 23 mil en una década, según organizaciones civiles.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó la necesidad de implementar una herramienta que sistematice lo que debe considerarse durante el proceso judicial: identificar las afectaciones que enfrentan los menores, reconocer sus derechos y, con base en ello, determinar las medidas de reparación.
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“Las afectaciones pueden alcanzar su salud, su educación, sus relaciones familiares, sociales, las condiciones en las que podrán desarrollar su proyecto de vida, sus emociones”, expuso al señalar que el resto para jueces y juezas será identificar esos daños, para analizar qué medidas pueden otorgar “sin reducir la reparación a una respuesta uniforme o a un aspecto meramente económico”.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció que la orfandad por feminicidio es un tema relativamente novedoso en el ámbito judicial y añadió que su atención se ha asumido como prioritaria en el Poder Judicial de la Federación y que implica una nueva concepción del derecho.
Por su parte, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, coincidió en que estos asuntos demandan conocimientos especializados porque involucran problemas de representación, cuidado, protección y reparación.
La directora general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del OAJ, Irma Leticia Flores Díaz, advirtió que el primer deber de los operadores jurídicos es evitar que estas infancias se conviertan en “una simple referencia marginal dentro de un expediente”.
Conteos oficiales: parciales y dispersos
Lo dicho por la ministra Esquivel tiene un reflejo directo en las estadísticas: si nadie pregunta por los hijos de la víctima, nadie los cuenta. Los registros oficiales que existen son proyecciones o recuentos incompletos, armados con lo que cada fiscalía estatal decide reportar.
En 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) proyectó que había más de 3 mil niñas y niños huérfanos por feminicidio. El cálculo partía del número de mujeres asesinadas y del promedio de hijos que registra el Consejo Nacional de Población (Conapo). Ese mismo año, solo 238 huérfanos por feminicidio recibían atención del Estado como víctimas.
El padrón que Inmujeres intentó integrar en 2019 y 2020 contabilizó menos de 800 menores. Para el primer protocolo de atención, solo 26 entidades aportaron información sobre la situación de estas infancias.
La cifra oficial más alta proviene de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Con datos de las fiscalías estatales, documentó más de 5 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio entre abril de 2018 y marzo de 2021. Con los datos provisionales de abril de ese año, sumaron 5,072, un promedio de 177 casos al mes.
Aun así, el entonces Instituto Nacional de Transparencia (INAI) tuvo que ordenar a la Conavim una búsqueda exhaustiva de la cifra, luego de que la dependencia respondió a una solicitud ciudadana con información distinta a la requerida.
En el ámbito local los datos son igualmente fragmentarios. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, por ejemplo, llegó a reportar una lista de 270 menores huérfanos por esta causa.
Como referencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 721 feminicidios en 2025. Esa cifra solo incluye los asesinatos de mujeres tipificados como tales.
Las organizaciones civiles hablan de decenas de miles
Ante la falta de datos oficiales, las organizaciones de la sociedad civil han hecho sus propias estimaciones. Sus cifras multiplican varias veces los conteos institucionales.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a decenas de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, calculó que los huérfanos por feminicidio llegaron a 3,600 tan solo en 2018. En una década, la cifra supera los 23 mil.
El Observatorio estima, además, que en el 75 % de los casos la víctima deja al menos a una hija o un hijo, y que son sobre todo las abuelas quienes asumen su crianza.
Justicia Pro Persona A.C., organización feminista de defensa de derechos humanos, coincide en el orden de magnitud. En febrero de 2026 informó que más de 23 mil niñas, niños y jóvenes han quedado en orfandad por feminicidio en la última década. La organización advirtió que ni siquiera existe una estimación de las víctimas indirectas de la desaparición de mujeres.
La distancia entre unas y otras cifras se explica, en buena medida, por el método. Los conteos oficiales solo reflejan los casos que las fiscalías identificaron y reportaron. Las estimaciones civiles proyectan cuántos hijos dejan las mujeres asesinadas, a partir de datos demográficos.
Desde 2021 existe el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, presentado por la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional DIF, Inmujeres y la Conavim. Pero sin un padrón, su aplicación depende de que cada autoridad identifique por su cuenta a estas infancias.
El 15 de julio de 2026, el Gobierno federal anunció la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio. El 14 de abril, el Senado había aprobado por unanimidad, con 109 votos, la reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir una Ley General de Feminicidio, que incluye medidas para atender a los menores en orfandad.
La ley secundaria, que contempla el registro en coordinación con el DIF, aún no se aprueba. En octubre, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado pidió una prórroga para continuar su dictaminación.
Mientras ese registro no exista, la pregunta que planteó la ministra Esquivel —si la mujer asesinada tenía hijos o hijas— seguirá sin respuesta en la mayoría de los expedientes. Y miles de niñas y niños seguirán sin ser contados.
