Conocí el desarraigo en una época en la que abandonar el hogar podía significar la diferencia entre la libertad y la persecución. Sé que detrás de quien deja su tierra suele existir una historia de necesidad, esperanza o supervivencia. Quizá por ello observo con particular interés lo que hoy sucede en Quintana Roo, una tierra que lleva el apellido de mi compañero de vida, Andrés Quintana Roo.
Cancún nació de la migración. Fue construido por mexicanos que llegaron de distintos rincones del país, atraídos por la promesa de prosperidad. Sin embargo, aquella ciudad que abrió sus puertas al progreso enfrenta hoy una realidad que merece una discusión menos sentimental y mucho más responsable.
La llegada de ciudadanos cubanos, venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades latinoamericanas, sumada a los efectos de las deportaciones desde Estados Unidos, plantea desafíos que van más allá de ofrecer refugio. Se trata de regularización migratoria, empleo, vivienda, seguridad y, sobre todo, capacidad institucional.
Me pregunto si las autoridades conocen realmente la dimensión de este fenómeno o si, como tantas veces en nuestra historia, han preferido administrar las consecuencias antes que prevenirlas.
![](https://lucesdelsiglo.com/wp-content/uploads/2026/09/BANNERS_LLUVIAS1_500X500.jpg")
Las inquietudes de los habitantes tampoco deben desestimarse. En Cancún se han documentado investigaciones por delitos que involucran a ciudadanos extranjeros. Exigir que se investiguen y sancionen esas conductas no constituye discriminación. Pero confundir casos individuales con una responsabilidad colectiva sería abandonar el rigor que exige cualquier discusión pública.
Siempre he creído que la justicia debe mirar los hechos, no la procedencia de las personas.
La delincuencia no tiene nacionalidad; la impunidad, en cambio, sí tiene responsables.
Hay otra contradicción que me resulta igualmente inquietante. En una ciudad cuya economía depende del turismo, la construcción y los servicios, algunos migrantes ocupan puestos que, según se dice, los mexicanos ya no desean desempeñar.
¿Se trata de una verdadera escasez de trabajadores o de un mercado laboral donde la necesidad obliga a aceptar salarios y condiciones que otros rechazan?
No debería confundirse la generación de empleo con el aprovechamiento de la vulnerabilidad humana.
México exige respeto para sus migrantes en Estados Unidos, pero esa defensa de la dignidad debe ser congruente con el trato que ofrecemos a quienes llegan a nuestro territorio. Reconocer derechos, sin embargo, no significa renunciar al cumplimiento de la ley.
El control migratorio corresponde a la Federación, aunque sus efectos se manifiestan en las colonias, los centros de trabajo y las calles de Cancún. Por ello, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno no es una cortesía administrativa, sino una obligación.
Dos siglos después de las luchas que marcaron mi vida, sigo convencida de que una nación no demuestra su fortaleza levantando barreras contra quienes buscan oportunidades, sino construyendo instituciones capaces de garantizar derechos y hacer cumplir sus leyes.
Porque el verdadero debate no está en decidir quién merece llegar, sino en exigir que exista una autoridad capaz de ordenar, integrar y proteger sin distinciones.
Cancún puede seguir siendo tierra de oportunidades, pero ninguna ciudad debería confundir la hospitalidad con la ausencia de autoridad.
La migración es un fenómeno humano. El desorden institucional, en cambio, es una responsabilidad política.
Leona no pidió permiso para informar. Nosotras tampoco.
