- Habitantes de la Colonia Chiapas Siglo XXI se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir el cese de actos de hostigamiento, amenazas y denuncias penales interpuestas en su contra por presuntos grupos de choque vinculados al ejido Alfredo V. Bonfil.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Habitantes de la Colonia Chiapas Siglo XXI se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir el cese de actos de hostigamiento, amenazas y denuncias penales interpuestas en su contra por presuntos grupos de choque vinculados al ejido Alfredo V. Bonfil.
En representación del grupo de colonos, Nuri Hernández explicó que la movilización responde al reciente inicio de carpetas de investigación promovidas por personas que se ostentan como ejidatarios, quienes acusaron a los vecinos de agresiones y amenazas.
Protestaron en la sede del Ayuntamiento al no obtener una respuesta inmediata a sus demandas.
La vocera sostuvo que estas acciones forman parte de un esquema de amedrentamiento prolongado orientado a forzar el abandono de las viviendas para proceder con la reventa irregular de los predios.
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Nuri Hernández enfatizó que la comercialización de estos lotes es ilegal, toda vez que se ubican sobre tierras de uso común cuya enajenación como propiedad privada está proscrita por la Ley Agraria sin un procedimiento formal de desincorporación.
Las 200 hectáreas que integran la colonia forman parte de un proceso orientado a la regularización y certeza jurídica de la tenencia de la tierra.
De acuerdo con los testimonios de las familias afectadas, los grupos de choque recurren a actos de violencia e intimidación, incluyendo patrullajes con machetes, amenazas de incendio en inmuebles y hostigamiento directo.
Los vecinos estiman que cerca de 40 por ciento del polígono territorial ha sido despojado bajo este esquema, acumulando aproximadamente 80 casos de despojo de viviendas.
Frente a esta situación, los habitantes han promovido 50 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra integrantes de estas células, entre las que destaca una querella iniciada en abril de 2025 contra Serapio Martínez y Mario González por bloquear los accesos al asentamiento con un convoy de 15 camionetas y personas armadas.
En contraparte, refirieron que el grupo contraparte ha radicado seis denuncias contra colonos y aduce contar con una orden de desalojo, medida que —aseguraron— fue revocada tras la emisión de una resolución judicial que ordena dar cauce a la regularización.
Derivado de la protesta, una comitiva de vecinos sostuvo una mesa de trabajo con mandos de la FGE y representantes de Derechos Humanos.
Las autoridades se comprometieron a investigar los hechos de hostigamiento y garantizar que cualquier diligencia judicial o policial en el sector cuente de forma estricta con mandamientos por escrito.
Los colonos señalaron que mantienen diálogo con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) para dar seguimiento a la regularización de la colonia, si bien los encuentros técnicos experimentaron una pausa temporal a raíz de los recientes incidentes de violencia en la zona.
