- El Congreso dio un golpe contundente a los promotores de asentamientos irregulares en Quintana Roo.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Un golpe contundente a los promotores de asentamientos irregulares y fraccionadores que comercializan terrenos sin servicios ni autorización, asestó la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo.
Esto, al aprobar reformas al Código Penal del estado para imponer severas sanciones a estos infractores.
Con la modificación del artículo 269 del citado código, se establecen penas de hasta 12 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 3 mil días de salario.
Equivale a aproximadamente 830 mil pesos, para quienes promuevan invasiones o vendan terrenos sin servicios y sin autorización.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Hugo Alday Nieto, quien destacó que esta medida responde a una omisión legal que durante más de una década impidió sancionar eficazmente a los responsables de estos fraudes.
“Se trata de dar herramientas jurídicas a la Fiscalía del Estado para perseguir y castigar a quienes cometen estos delitos que se han convertido en uno de los principales flagelos en Quintana Roo.
“Están afectando gravemente a personas que buscan un patrimonio para sus familias”, explicó Alday Nieto.
El legislador subrayó que, aunque los delitos contra el desarrollo urbano estaban contemplados desde el gobierno priista de Félix González Canto en el artículo 268 del Código Penal, el artículo 269 no precisaba las sanciones correspondientes.
Esto permitía que los infractores eludieran responsabilidades legales, expuso el legislador.
“Miles de familias han sido defraudadas por personas que les ofrecen un falso patrimonio mediante invasiones o la venta de lotes sin servicios ni autorización.
“Esto dificulta la regularización de esos predios y el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y calles pavimentadas”, señaló el diputado.
Alday Nieto también recordó que entre 2019 y 2021, durante la administración de Mara Lezama como presidenta municipal de Benito Juárez, se cancelaron y clausuraron más de 14 mil 800 lotes que fueron ilegalmente comercializados sin los permisos correspondientes.
“Cuando estos promotores ilegales eran denunciados no podían ser castigados debido a que, aunque su conducta estaba tipificada como delito, no existían penas específicas para sancionarlos.
“Esto les permitía evadir la justicia y mantener la impunidad pese a los fraudes cometidos”, denunció.
Con estas reformas, se cierra esa brecha legal y se garantiza que quienes lucren de forma ilegal con la necesidad de vivienda enfrenten severas consecuencias penales.
